Tegucigalpa. Honduras acumula 624 homicidios entre el 1 de enero y el 10 de abril de 2026, según un informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que encendió las alarmas al evidenciar un repunte del 5.05 % en comparación con el mismo periodo de 2025.
Aunque el país mantiene una reducción acumulada del 42.3 % desde 2022, el estudio advierte que este avance podría estancarse si no se adoptan medidas estratégicas urgentes.
La ASJ fue contundente: el país necesita una “hoja de ruta clara” para enfrentar la criminalidad.
El informe se convierte en la primera radiografía de la violencia tras la finalización del Estado de Excepción, una medida que durante meses marcó la política de seguridad. Sin embargo, los datos actuales reflejan que la violencia no ha sido erradicada, sino que presenta signos de reorganización.
Uno de los hallazgos más relevantes es la concentración del delito en apenas 16 municipios, lo que evidencia la necesidad de abandonar estrategias generalizadas y apostar por intervenciones focalizadas. Según el análisis, combatir la violencia con precisión territorial permitiría mayor efectividad en la reducción de homicidios y extorsiones.
A diferencia de reportes anteriores, este estudio cuenta con validación técnica, lo que fortalece su credibilidad y permite un diagnóstico más riguroso de la situación criminal en el país. Este elemento marca un precedente frente a 2025, cuando las cifras carecieron de respaldo académico.
En cuanto a las muertes violentas de mujeres, el informe señala una reducción sostenida del 31.5 %, aunque advierte que la mejora estadística no refleja necesariamente una mayor protección. La impunidad, la falta de presupuesto y la ausencia de políticas efectivas continúan dejando a las mujeres en condición de vulnerabilidad frente a la violencia doméstica y el crimen organizado.
El documento también pone el dedo en la llaga al señalar una transición desordenada en la Secretaría de Seguridad. Con apenas dos meses en funciones, las nuevas autoridades enfrentan un escenario complejo sin planificación sólida ni recursos disponibles. Aunque el presupuesto ya fue aprobado, los fondos aún no llegan a las instituciones, lo que convierte los planes en simples intenciones sin ejecución real.
En materia operativa, se reportan avances en la incautación de drogas, con aumentos significativos en decomisos de crack y cocaína. No obstante, la ASJ advierte que estos logros no se traducen automáticamente en menos homicidios ni en una mejor percepción de seguridad para la ciudadanía.
El capítulo hondureño de Transparencia Internacional fue claro en su mensaje: la población no espera milagros, sino resultados concretos. En ese sentido, la ASJ instó al Gobierno a diseñar e implementar de forma urgente una estrategia integral que ataque de raíz problemas estructurales como la extorsión, los feminicidios y el narcotráfico.
Finalmente, el informe subraya la necesidad de agilizar el flujo de recursos hacia las instituciones de justicia y de construir una política de seguridad basada en evidencia, que priorice la prevención y la investigación criminal por encima de las respuestas reactivas. Cinthia Galindo
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