Tegucigalpa. El presidente Nasry Asfura recibió este jueves el Informe Anual 2025 del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en un acto en el que reafirmó el compromiso de su administración con la protección, el respeto y la promoción de los derechos fundamentales en el país.
Durante su intervención, el mandatario reconoció los retos que enfrenta Honduras en esta materia y subrayó la necesidad de generar cambios estructurales que permitan mejorar las condiciones de vida de la población. “Estamos conscientes de la necesidad. Estamos claros de que debemos cambiar, que debemos mejorar y que es un gran compromiso”, expresó.
Asfura destacó que su gobierno trabajará en el fortalecimiento institucional, incluyendo la mejora del presupuesto asignado, que actualmente asciende a 116 millones 614 mil lempiras, como parte de las acciones para garantizar una mayor capacidad de respuesta en la defensa de los derechos humanos.
El jefe del Ejecutivo insistió en que su administración no se limitará a los discursos, sino que impulsará medidas concretas. “Creemos firmemente en los derechos humanos, en la protección del ser humano, de la vida, en la democracia y en un Estado de derecho. Lo vamos a demostrar con hechos”, puntualizó.
Asimismo, hizo énfasis en la importancia del trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado, destacando la participación de la Corte Suprema de Justicia en el proceso. En ese sentido, llamó a la unidad nacional para enfrentar los desafíos y construir soluciones que beneficien a la ciudadanía.
El mandatario también instó a aprender de las experiencias del pasado y a escuchar a la población para orientar las políticas públicas. “Tenemos que ver hacia adelante… que todo lo que ha pasado nos sirva de lección para tener un mejor Gobierno”, señaló.
Por su parte, la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, presentó un panorama preocupante en materia de derechos humanos durante 2025. Según el informe, se registraron 51 incidentes de violencia, de los cuales 46 afectaron a defensores de derechos humanos y 5 a periodistas.
Además, se documentaron 11 asesinatos de defensores del ambiente y 2 de periodistas, así como persistentes problemas relacionados con la violencia contra las mujeres y amenazas a pueblos indígenas y afrodescendientes.
El evento contó con la participación de representantes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y diversos sectores de la sociedad civil, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y garantizar condiciones seguras para las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
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