La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene como fecha límite el 14 de abril para presentar el proyecto de ley al Congreso Nacional.
Tegucigalpa. El magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Nelson Mairena Franco, anunció este viernes que, tras analizar el Decreto Legislativo 10-2026, se conformaron tres comisiones clave para redactar el proyecto de ley que dará vida al Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
Mairena explicó que el decreto transfiere al Pleno de magistrados atribuciones que antes eran exclusivas de la presidencia de la Corte, actualmente a cargo de Rebeca Obando, generando un escenario de mayor protagonismo colectivo y un reparto de poder que algunos sectores consideran necesario.
Las tres comisiones establecidas son:
Comisión de nombramientos: Revisará la designación de jueces y magistrados, incluyendo unos 99 nombramientos recientes cuestionados por presuntas irregularidades.
Comisión disciplinaria: Encargada de supervisar la conducta y desempeño de los funcionarios judiciales.
Comisión de redacción: Trabajará en la elaboración del proyecto de ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, integrando iniciativas previas del Poder Judicial y asociaciones de funcionarios.
“El Pleno decidió repartir el trabajo entre comisiones, para analizar cómo podemos mejorar el funcionamiento de la Corte y ser positivos en este proceso”, señaló Mairena, al tiempo que aclaró que la definición de alcances y objetivos de cada comisión se decidirá la próxima semana.
El magistrado reconoció la presión del plazo de 60 días otorgado por el Congreso Nacional para presentar el proyecto.
“No es que los magistrados hagamos todo el trabajo solos; contaremos con toda la organización de la Corte y el Poder Judicial en general para cumplir con este decreto transitorio”, precisó.
En el debate también surge la incógnita sobre quién debería nombrar a los nuevos concejales: si el Congreso o una comisión conformada por el mismo Poder Judicial.
“Es un tema interesante y sensible dada la experiencia anterior, pero no quiero anticiparme”, indicó Mairena.
Mientras los magistrados definían su hoja de ruta interna, desde el otro lado del poder llegó un mensaje con tono de advertencia. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, salió al paso de cualquier intento de dilación y exigió al Pleno de la Corte Suprema que deje de lado los diagnósticos y comience a aplicar la ley.
En una comparecencia pública, Zambrano recordó que el decreto 282-2010 normativa que dio origen al Consejo de la Judicatura, sigue vigente y fue aprobado siguiendo los causes legales establecidos.
«Mientras una ley no sea derogada o declarada inconstitucional, debe cumplirse», sentenció el titular del Legislativo, en un claro mensaje a los 15 magistrados que esta semana comenzaron a organizarse en comisiones.
El líder del Congreso fue enfático al señalar que, si existe inconformidad con el contenido del decreto, el camino no es la resistencia pasiva ni la reorganización burocrática, sino la vía judicial.
«El mecanismo adecuado es la interposición de un recurso de inconstitucionalidad», explicó Zambrano, subrayando que, en derecho, ninguna autoridad puede situarse por encima de una norma que no ha sido anulada.
En un apartado que toca directamente el nervio expuesto de la CSJ, el presidente del Congreso también se refirió a la potestad de la Corte para revisar su propio espejo.
Según Zambrano, el Pleno tiene plenas facultades para examinar las decisiones o nombramientos ejecutados tras la aprobación de la reforma, si así lo estima conveniente. Esta declaración adquiere especial relevancia ante las denuncias de la Asociación de Jueces sobre los supuestos 99 nombramientos irregulares realizados «a última hora» en la gestión de Rebeca Obando.
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