Tegucigalpa. El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, confirmó este miércoles la identificación de cuatro firmas legales que estarían presentes en la mayoría de los casos que han provocado un «golpe fuerte» a las finanzas del Estado.
Según detalló Aspra, la alerta surgió a raíz de informes proporcionados por fuentes del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los cuales apuntan a un patrón de comportamiento.
«Han identificado cuatro firmas legales que están mayoritariamente presentes en los procesos que han llevado a este golpe fuerte en las finanzas del Estado», declaró a periodistas.
El funcionario reveló que estas empresas de abogados operan bajo un «mecanismo atípico» que ya es objeto de pesquisas por parte del Ministerio Público.
Aspra, quien antes de asumir el cargo dirigía un reconocido bufete, fue enfático al señalar que existe un presunto «contubernio» que involucra a estas firmas, algunos operadores de justicia, miembros de la propia Procuraduría y representantes del Estado.
Añadió que estas prácticas no son recientes, sino que vienen «evolucionando y expandiéndose en distintas jurisdicciones», coincidiendo con el crecimiento exponencial de demandas en los últimos cuatro años.
Empleados de la PGR bajo investigación
En paralelo a la investigación externa, la Procuraduría también enfrenta una depuración interna. Aspra confirmó que cuatro empleados de la institución están siendo investigados por el Ministerio Público por presunta actuación dolosa que habría permitido la pérdida de términos procesales, debilitando la defensa del Estado.
El panorama para las arcas estatales es complejo. El procurador admitió que existe una «alta expectativa» de que se puedan perder varias demandas en curso, lo que incrementaría el daño patrimonial. No obstante, aseguró que en otros casos se tiene «mayor fortaleza de defensa» y confianza en obtener fallos favorables.
Finalmente, Aspra amplió el panorama del litigio contra el Estado al ámbito municipal, estimando que alrededor de 70 alcaldías han sido severamente golpeadas por demandas, principalmente de índole laboral.
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