Tegucigalpa. La resolución judicial que impuso arresto domiciliario y suspensión del cargo a la diputada Isis Cuéllar desató una oleada de críticas, indignación y cuestionamientos públicos. Para la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el fallo no solo resulta decepcionante, sino que reafirma la desconfianza ciudadana hacia el sistema de justicia hondureño.
El director de la ASJ, Carlos Hernández, fue categórico al expresar su rechazo. “Esperábamos que no se le hubiera decretado arresto domiciliario. Esta muchacha se burló de los hondureños y ahora va a su casa a estar desde su sillón, disfrutando de los bienes que pudo haber adquirido de manera irregular”, afirmó, subrayando que el daño provocado trasciende lo económico.
Según Hernández, el impacto es estructural y profundamente político. “No es solo dinero. Es un daño a nuestro sistema democrático, porque ocurre en un contexto electoral que debilita la institucionalidad pública”, sostuvo.
A su juicio, el caso golpea la moral colectiva y afecta directamente a personas vulnerables, utilizadas como instrumento para desviar fondos públicos.
Aunque la ASJ aseguró que respetará la decisión judicial, dejó claro que no la comparte.
“Este es un tema de precedentes, de imagen. No es un caso aislado; es reiterativo lo que ha pasado con el uso de los dineros públicos desde el Congreso Nacional”, insistió Hernández, quien lamentó que, en lugar de un mensaje ejemplarizante, se haya optado por una medida que muchos perciben como indulgente.
La crítica también alcanzó al Ministerio Público, al que se le exigió celeridad y firmeza.
Hernández advirtió que este proceso no debe convertirse en otro expediente más marcado por la tardanza o por la coyuntura política.
“Hay una razón por la cual la mayoría de los hondureños no cree en el sistema de justicia y siente que nuestra democracia se debilita cada día”, sentenció.
Desde el ámbito legal, el abogado Kenneth Madrid coincidió en que la expectativa general era distinta.
“Se esperaba que hubiese una prisión preventiva, debido a la gran cantidad de delitos que se le imputan”, reiteró Madrid, al recordar que el expediente contempla alrededor de 67 delitos de fraude, cada uno castigado con penas de cinco a siete años de prisión, agravadas cuando se afecta un servicio público o recursos del Estado.
El abogado explicó que, al tratarse de delitos contra la administración pública, el impacto no es menor: se trata de fondos públicos, cuyo uso indebido genera un daño considerable al Estado y a la confianza ciudadana. Por ello, señaló que las pretensiones del Ministerio Público son fuertes y que el caso, desde el punto de vista técnico, reunía condiciones para una medida cautelar más estricta.
No obstante, Madrid aclaró que la decisión final recae en la valoración del juez, quien debe analizar dos presupuestos claves: el peligro de fuga y la posible obstaculización de la investigación.
En este caso, explicó, el juzgador consideró que no existía riesgo de fuga, pero sí la posibilidad de interferencia si la imputada continuaba ejerciendo su cargo.
Bajo ese análisis, el juez aplicó la suspensión del cargo, una medida prevista en el artículo 173 del Código Procesal Penal, diseñada específicamente para delitos contra la administración pública.
Según Madrid, esa figura busca impedir que el funcionario acusado utilice su posición para influir, presionar o tergiversar el proceso investigativo.
El abogado fue enfático al desmentir percepciones erróneas: la suspensión no es solo simbólica ni se limita a impedir la presencia en el hemiciclo.
“El espíritu del Código es claro: mientras dure el proceso penal, la persona suspendida no puede gozar de salarios, viáticos ni prerrogativas inherentes al cargo”, puntualizó.
Aunque reconoció que el arresto domiciliario no era la medida que muchos esperaban, Madrid sostuvo que esta restricción de la libertad de locomoción también apunta a evitar cualquier interferencia en el esclarecimiento de los hechos.
Finalmente, advirtió que el foco ahora debe estar en el seguimiento del proceso. “Más allá de la medida cautelar, lo que el país exige es un proceso rápido, expedito y sin obstáculos”, concluyó, subrayando que la ciudadanía mantiene la expectativa de que el caso no quede en la impunidad.
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