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Consejeras advierten que sectores políticos buscan sabotear el proceso y forzar repetición de elecciones

Tegucigalpa. Las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López del Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronunciaron mediante un extenso y contundente comunicado dirigido a los partidos políticos, misiones de observación nacional e internacional y al pueblo hondureño, en el que abordaron la situación del escrutinio especial, la declaratoria de resultados, la Comisión Permanente del Congreso Nacional, el Ministerio Público y la actuación de determinados sectores de los partidos políticos que buscan obstruir el proceso y forzar la repetición de elecciones.

El comunicado indica que el escrutinio especial es un mecanismo regulado por la ley electoral, concebido para casos puntuales y ejecutado exclusivamente por las juntas especiales de verificación y recuento, (JEVR) integradas por personas propuestas y acreditadas por los partidos políticos.

El escrito detalla que el CNE no tiene atribuciones para realizar directamente el escrutinio especial ni para delegar esa función en terceros, limitándose su rol a la disposición logística, administrativa y de acompañamiento técnico. Durante el proceso, un porcentaje significativo de miembros de las juntas, “siguiendo los lineamientos de sectores políticos claramente identificables”, incurrió en conductas deliberadamente dilatorias y obstructivas, contrarias al protocolo de escrutinio, a la ley electoral, a la Constitución y a los principios democráticos. Estas conductas incluyeron paralización injustificable del trabajo, tiempos excesivos para procesar actas, anulación de actas sin causa legal y hechos de violencia dentro de instalaciones institucionales, “lesionando gravemente el desarrollo del proceso electoral”.

Según el comunicado, estos hechos “no son fortuitos ni aislados”, sino parte de un patrón sistemático y coordinado “orientado a impedir la emisión de la declaratoria y forzar la repetición de las elecciones generales de 2025”. Las consejeras afirman que “resulta evidente a qué sector político beneficia este escenario de incertidumbre y desestabilización institucional” y advierten que el CNE no permitirá “bajo ninguna circunstancia que se fracture el orden constitucional ni que se desconozca la voluntad popular expresada en las urnas”.

El comunicado recuerda que las atribuciones de la Comisión Permanente están “estrictamente delimitadas por la Constitución de la República” y que cualquier actuación fuera de este marco es inconstitucional e ilegal. Las consejeras destacan que el CNE “se encuentra dentro del plazo legal para emitir la declaratoria”, por lo que la Comisión carece de facultades para emitir pronunciamientos sobre el proceso electoral o sobre la actuación de las consejeras, ya que “hacerlo constituiría una injerencia indebida en la función electoral”.

En cuanto al Ministerio Publico, Hall y López Osorio recuerdan que han actuado “en defensa del sistema democrático hondureño pese a todos los ataques institucionales y personales desde el Ministerio Público”. Señalan que cualquier actuación del MP debe estar “enmarcada en la Constitución y las leyes”, y que la prerrogativa constitucional del juicio político exige que mientras no se haya agotado dicho procedimiento, el Ministerio Público “no está facultado para ejercer acción penal en nuestra contra”, por lo que deben cesar las actuaciones que se ejecutan al margen de la ley.

El comunicado afirma que determinados sectores de los partidos políticos “han pervertido el diseño del sistema electoral hondureño” y que han secuestrado el proceso mediante el uso indebido de las juntas especiales de verificación y recuento, acreditando personas que actuaron deliberadamente “para paralizar, distorsionar y obstruir el escrutinio especial”.

Pretender trasladar al CNE las consecuencias de estos actos constituye “una conducta irresponsable contraria a la ley y atentatoria contra la voluntad soberana del pueblo hondureño”. Finalmente, las consejeras solicitan “a los partidos políticos, misiones de observación nacional e internacional y al pueblo hondureño en general” mantenerse vigilantes “a cualquier nuevo atentado contra el proceso o quienes lo dirigimos”.