Raudales señala que la falta de respeto a la propiedad privada y la indefinición sobre los derechos ancestrales están destruyendo la confianza en el país y debilitando el crecimiento económico.
Tegucigalpa. En un país donde los conflictos por la tierra parecen no tener fin, el economista Julio Raudales lanza una advertencia que debería retumbar en los despachos del poder: “Es inconmensurable el daño económico que le hace al país el hecho de que no se respeten los derechos de propiedad”.
Desde su análisis, las invasiones de terrenos y la débil administración del Instituto de la Propiedad se han convertido en una de las principales causas del deterioro de la imagen de Honduras ante el mundo, afectando la inversión extranjera, la generación de empleo y el crecimiento económico. “Si hay algo que conspira contra el bienestar de los hondureños, es la inseguridad jurídica”, afirmó.
Un problema viejo con consecuencias nuevas
Raudales recordó que el país lleva más de dos décadas intentando resolver el caos de la tenencia de la tierra. “Hace más de 20 años se instauró un programa grande con fondos del Banco Mundial: el, Programa de Asignación de Tierras, donde se invirtió una enorme cantidad de dinero. De ahí nació lo que hoy conocemos como el Instituto de la Propiedad”, explicó.
Sin embargo, pese a que existe una Ley de Propiedad y una legislación que garantiza la seguridad jurídica a los inversionistas, el economista lamenta que estas normas se violen constantemente. “Si estas instituciones no se respetan, va a ser muy difícil que haya confianza”, recalcó.
Trujillo y Santa Fe: paraísos turísticos en riesgo
Raudales mencionó el caso de los proyectos Enjoy Santa Fe y Enjoy Trujillo, dos desarrollos turísticos con capital canadiense que, según relató, “han sido amenazados prácticamente desde que nacieron, hace más de 10 años”.
Los inversionistas extranjeros —dijo— viven bajo constante incertidumbre por los conflictos territoriales en la zona. “Muchos compradores canadienses se sienten amenazados, han tenido que vender sus propiedades y eso atenta directamente contra la economía local”, advirtió.
Para Raudales, lo que está en juego no es solo el capital extranjero, sino el futuro económico de los municipios costeros. “Trujillo y Santa Fe tienen un potencial turístico enorme; la llegada de dólares, la creación de empleo y el derrame económico que generan estos proyectos son vitales. Pero si los capitales se van, las oportunidades también desaparecen”, señaló.
Propiedad ancestral: el dilema pendiente
El economista reconoció que el tema es complejo y que los pueblos garífunas tienen reclamos históricos legítimos, pero subrayó la urgencia de definir reglas claras. “Debe existir un consenso nacional sobre qué se va a considerar propiedad ancestral”, planteó.
“Entiendo el punto de vista de los pobladores de la zona norte, pero el Estado tiene la obligación de garantizar la paz, la concordia y los acuerdos claros sobre cómo se manejarán estos conflictos, sobre todo en zonas turísticas tan sensibles”, agregó.
Una advertencia al Estado
Raudales insistió en que mientras no se respete la propiedad privada, Honduras seguirá perdiendo inversión, empleo y credibilidad internacional. “El daño económico es incalculable”, reiteró.
Su mensaje es directo: sin seguridad jurídica, no hay desarrollo posible. Las invasiones, los conflictos por la tierra y la falta de una política coherente están empujando a Honduras hacia un círculo vicioso donde el miedo sustituye a la inversión y la pobreza se vuelve permanente.
Facebook
X
WhatsApp
Telegram
