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CNA destapa la caja negra de la Tasa de Seguridad: millones sin transparencia

Tegucigalpa. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) volvió a encender las alarmas sobre la Tasa de Seguridad Poblacional, un mecanismo creado con la justificación de atender emergencias nacionales, pero que se ha convertido en uno de los fideicomisos más opacos en la historia reciente de Honduras.

En su cuenta oficial de X, el organismo denunció que los recursos provenientes de la Tasa han sido manejados con abundancia de ingresos, pero con escasa transparencia y prácticamente nula rendición de cuentas.

Los datos son contundentes: entre 2018 y 2021, el fideicomiso recaudó 11,066 millones de lempiras. En el periodo más reciente, de 2022 a 2025, esa cifra se disparó hasta los 16,133 millones, principalmente gracias a la contribución sobre transacciones financieras, que representa más del 96% del total, además de aportes provenientes de telefonía móvil, minería, casinos y cooperativas.

Sin embargo, la paradoja es evidente: mientras los ingresos crecen, la información sobre el uso de los fondos sigue siendo escasa.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, hasta el 31 de diciembre de 2024 apenas se habían transferido 1,768.97 millones de lempiras a la Cuenta Única del Tesoro (CUT), la cual debía encargarse de canalizar los recursos hacia las instituciones beneficiarias.

A esa misma fecha, la deuda con proveedores alcanzaba 240 millones de lempiras, mientras que con los bancos ascendía a 1,924 millones. Una contradicción que revela que, pese al flujo multimillonario, los compromisos adquiridos no se han cumplido de manera oportuna.

El fideicomiso, que oficialmente entró en proceso de liquidación en 2022, aún no ha sido cerrado. En la práctica, los ingresos continúan llegando y se siguen destinando bajo el manejo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), con parte de los fondos siendo canalizados a la partida 449, popularmente conocida como “partida confidencial”.

El CNA advierte que la falta de transparencia convierte a la Tasa de Seguridad en una de las “cajas negras” del Estado hondureño, donde abundan los recursos, pero escasea la claridad sobre su ejecución.