Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que los titulares de la Secretaría de Derechos Humanos han sido utilizados como piezas políticas que estigmatizan a periodistas, defensores y disidentes, alejándose de su verdadera misión.
Tegucigalpa. Con un comunicado contundente, la organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), junto a la Asociación de Defensores de los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU), exige al gobierno de la presidente Xiomara Castro que no continúe nombrando a activistas políticos como ministros en la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH).
“Estamos cansados de escuchar discursos de activistas políticos como ministros en la Secretaría de Derechos Humanos, los cuales están cargados de mensajes estigmatizantes y de odio contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y disidentes políticos”, expresaron en el pronunciamiento.
La denuncia se hizo un día después de que la mandataria nombrara a Héctor Longino Becerra como nuevo titular de la SEDH. Según los denunciantes, Becerra ha demostrado, incluso desde sus redes sociales, una postura hostil hacia los defensores y una falta total de responsabilidad en su paso anterior por el viceministerio de protección.
“Un mal presagio se nos pasa por la mente cuando leemos que dice ser ‘un soldado de Morazán’. No queremos soldados ni activistas en la SEDH, queremos verdaderos defensores que impulsen una agenda clara por los derechos humanos sin sesgos políticos”, subrayaron.
Las organizaciones también se refirieron de forma crítica a las exministras Natalie Roque y Angélica Álvarez.
“Ambas dejaron una estela de caos. Trancaron las puertas de la SEDH a quienes no están alineados con el gobierno, controlaron políticamente el Mecanismo de Protección, y generaron temor entre los funcionarios”, detallaron.
Natalie Roque, señalaron, fue premiada con el cargo de Asesora en Casa Presidencial tras su cuestionada gestión, mientras que Álvarez fue promovida como candidata a designada presidencial por el partido oficialista.
Las dos, según JOPRODEH, “provocaron daños estructurales y psicológicos al personal” y dejaron en el abandono a quienes debían proteger.
La situación del Mecanismo Nacional de Protección es uno de los focos más preocupantes. Denuncian que sigue sin atención urgente, mientras las violaciones a derechos humanos permanecen impunes y las personas beneficiarias se encuentran en estado de vulnerabilidad.
Sobre Becerra, advierten que “ni siquiera se preocupó por la situación de los beneficiarios de la Ley de Protección” y se alejó “mordazmente” de los defensores. Por ello, exigen que su gestión no sea una repetición de las anteriores.
Las demandas de JOPRODEH y ASOPODEHU son claras:
Atención urgente al Mecanismo Nacional de Protección.
Detener la estigmatización de defensores y periodistas.
Abrir las puertas de la SEDH a todas las organizaciones, sin sesgo político.
Separar el cargo público de las lealtades partidarias.
Abordar de forma urgente la violencia contra defensores y periodistas.
Evitar el uso de fondos públicos para campañas políticas encubiertas desde la SEDH.
“El país se merece mejor suerte y las víctimas urgen de una persona al frente de la SEDH que no venga a rendirle el sombrero a los políticos de turno, sino a accionar con valentía por la promoción y protección de los derechos humanos”, concluye el comunicado.
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