Tegucigalpa. Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia (OV-UNAH), informó que a pesar de la reducción en la tasa de homicidios, Honduras sigue ocupando el segundo lugar en muertes violentas en Centroamérica.
Esta situación genera preocupación debido a que el 77% de las muertes violentas en el país son causadas por armas de fuego.
«Una de las cosas que le preocupan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es la tenencia y portación de armas, porque el 77% de las muertes violentas ocurren con arma de fuego», indicó Ayestas. Además, destacó la percepción de inseguridad entre los ciudadanos.
«A partir del 2019, la encuesta de percepción e inseguridad y victimización establece que el 89.9% de los hondureños opinan que Honduras es un país inseguro».
Ayestas subrayó la necesidad de un plan de prevención contra la violencia en el país, enfatizando que no basta con controlar el delito mediante la creación de leyes, sino que es fundamental asegurar su cumplimiento. «Hay mucha violencia en mujeres, niños y miembros de la comunidad LGTBI», señaló, enfatizando la importancia de un enfoque integral y preventivo.
Para la portación legal de armas en Honduras, los ciudadanos deben cumplir con una serie de requisitos, que incluyen presentar una tarjeta de identidad, realizar exámenes toxicológicos y psicológicos, obtener constancias de antecedentes penales y de vecindad, y aprobar un curso de manejo de armas impartido por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Solo la DPI puede emitir la constancia necesaria para portar una pistola.
Desde 2011, Honduras ha experimentado una reducción en la tasa de homicidios, pasando de 86.5 por cada 100 mil habitantes a 33 o 34 por cada 100 mil habitantes. No obstante, los altos índices de pobreza y desigualdad siguen alimentando la violencia en el país.
La CIDH ha señalado que desde su última visita a Honduras en 2018, los niveles de pobreza y pobreza extrema se mantienen en cifras alarmantes, afectando al 73% de la población, mientras que la pobreza extrema alcanza al 54%, con diferencias significativas entre las zonas rurales y urbanas.
La situación descrita por Ayestas y la CIDH subraya la necesidad urgente de abordar las raíces socioeconómicas de la violencia en Honduras y de implementar medidas efectivas para mejorar la seguridad y bienestar de sus ciudadanos.
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