Tegucigalpa. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado, condenando los actos de violencia perpetrados contra periodistas en Honduras, al tiempo que instó al Estado a asegurar la protección y el ejercicio pleno de la libertad de expresión y prensa en el país.
El comunicado destaca la persistencia de actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación en Honduras, señalando el reciente asesinato del periodista Luis Alonso Teruel Vega en el municipio de Atima, departamento de Santa Bárbara, el 28 de enero de 2024.
A pesar de la condena enérgica y llamado a una investigación pronta por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, hasta la fecha, la CIDH no registra la captura de presuntos responsables del asesinato de Teruel Vega.
La Relatoría resalta que estos actos de violencia se dan en un contexto de violencia estructural contra periodistas, tal como se ha advertido en informes previos de la CIDH y su Relatoría Especial, así como en observaciones de visitas in loco realizadas en el país.
Además, se denuncian campañas de desprestigio y señalamientos estigmatizantes contra la prensa por parte de funcionarios públicos y líderes políticos, lo que afecta de manera diferenciada a comunicadores comunitarios e independientes, así como a aquellos que trabajan en zonas con presencia de crimen organizado y conflictos de tierras y extractivismo minero.
Se han identificado problemas técnicos, administrativos y financieros en el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia, lo que ha debilitado su capacidad de respuesta.
En este sentido, la Relatoría Especial subraya la necesidad de fortalecer la protección de periodistas en riesgo, asegurando medidas adecuadas y efectivas para su seguridad.
La CIDH hace un llamado al Estado hondureño para que respete y garantice la libertad de expresión y de prensa, investigue con diligencia los crímenes contra periodistas, y tome las medidas necesarias para proteger a los comunicadores en riesgo, permitiéndoles ejercer su labor en un ambiente seguro y libre de represalias.
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