Tegucigalpa. La indignación ha alcanzado a sectores de seguridad del Estado, luego de que exmiembros de la extinta Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), junto con militares activos, policías, proveedores y otros afectados, exigieran a la presidente de la República, Xiomara Castro, una respuesta clara ante el supuesto desvío de 38 millones de lempiras acreditados en el primer semestre del año 2022, pero que según la denuncia, nunca llegaron a sus destinatarios.

De acuerdo a fuentes vinculadas a la Secretaría de Finanzas (Sefin), el anterior gobierno dejó acreditados esos fondos en el Banco de Occidente a través del Gabinete Sectorial, con la finalidad de saldar deudas por concepto de salarios correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de ese año.

Sin embargo, esos fondos habrían desaparecido misteriosamente de las arcas del Estado.

De acuerdo con versiones recabadas por extrabajadores de la FNAMP, el dinero habría sido desviado para otros fines no específicos, lo que ahora ha levantado sospechas y peticiones de investigación formal.

“Se le pide a la presidenta, si es tan honesta como promulgan en su gobierno y como máxima autoridad, que investigue en la comisión liquidadora de su gobierno para ver dónde están los 38 millones que pertenecen a estos miembros de las instituciones de seguridad del Estado antes mencionados y que fueron desviados cuando Rixi Moncada fungía como ministra de esa institución”, declaran los perjudicados.

Entre los nombres señalados como presuntos responsables de permitir o ejecutar el desvío de los fondos se encuentran la extitular de Sefin, Rixi Ramona Moncada; el actual secretario de Defensa Nacional (Sedena), José Manuel Zelaya; y el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante José Jorge Fortín.

La exigencia también se ha extendido al Ministerio Público.

Los afectados solicitan al fiscal general, Johel Zelaya, que actúe de oficio en la apertura de una investigación para esclarecer el destino de los 38 millones de lempiras.

«Encarecidamente se le pide al fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, que investigue de oficio dónde están los 38 millones adeudado a este personal, quiénes han expuesto sus vidas ante la delincuencia que azota nuestra nación, concluyen los exmiembros de la FNAMP.

Entre ellos se encuentran policías, militares, personal auxiliar, arrendadores de vivienda y hasta propietarios de estaciones de combustible que brindaron servicios a la FNAMP antes de su cierre.

En carta a la presidente Xiomara Castro,  exigen el pago de los más de 38 millones

Una denuncia formal presentada por exintegrantes de la desaparecida FNAMP, detalla el incumplimiento del actual gobierno en el pago de los más de 38 millones de lempiras por concepto de salarios atrasados desde febrero de 2022.

El reclamo se sustenta en testimonios de policías, militares, agentes de inteligencia, personal auxiliar y proveedores, quienes aseguran que esta deuda representa una clara violación a los derechos laborales y una desvalorización del trabajo realizado en favor de la seguridad nacional.

El documento dirigido a la presidente Iris Xiomara Castro expresa la urgencia de una respuesta efectiva: “Nosotros, exintegrantes de la FNAMP, nos dirigimos a usted con la intención de presentar una denuncia formal en contra del actual gobierno por el incumplimiento sistemático en el pago de salarios”, indica la misiva.

Asimismo, se detalla que durante su servicio, los afectados arriesgaron sus vidas en operativos de alto riesgo y enfrentamientos con estructuras criminales, sin que se les haya cumplido con lo que por ley les corresponde.

Los afectados señalan directamente a la exministra de Finanzas, Rixi Ramona Moncada, como presunta responsable del desvío de los fondos.

Según el escrito, en 2022, los recursos ya habían sido acreditados por el gobierno anterior en una institución bancaria nacional, pero nunca llegaron a manos del personal correspondiente. La acusación exige una investigación profunda para determinar cómo y por qué estos recursos fueron redirigidos a otros fines.

Además, los firmantes hacen un llamado a la presidenta Castro para que gire instrucciones claras y urgentes a las instancias responsables, a fin de saldar la deuda acumulada de cuatro meses y restaurar la credibilidad institucional.

“Solicitamos ser informados sobre cualquier acción tomada al respecto y de los plazos estimados para el pago de los salarios adeudados desde febrero del año anterior”, se lee en el texto.

La carta también subraya que la transparencia y la rendición de cuentas en este tipo de casos son fundamentales para mantener la confianza ciudadana en la administración pública.

Por ello, no solo exigen el pago inmediato, sino también garantías de que situaciones similares no se repetirán en el futuro.