Tegucigalpa. Las personas con discapacidad en Honduras continúan lidiando con un panorama de exclusión y dificultades que se extiende más allá de los procesos electorales y permea todos los aspectos de su vida cotidiana. Así lo afirmó Betina Hernández, Coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), quien lamentó el retroceso en las garantías para este sector de la población.
Accesibilidad: Una asignatura pendiente en las elecciones y la educación
Hernández explicó que, durante los comicios, las personas con discapacidad físico-motoras se topan con urnas ubicadas en lugares inaccesibles, obligándolas a subir o bajar gradas o a recorrer grandes distancias.
«Es una enorme barrera que se les presenta no solo a las personas con discapacidad, sino también a las personas adultas mayores que tienen movilidad reducida», señaló.
La situación es igual de compleja para personas sordas o ciegas. Para las primeras, no se cuenta con intérprete de lengua de señas, mientras que las segundas enfrentan la violación del secreto del voto.
«A veces en las mesas (…) les solicitan que ‘cante’ lo que dice el voto, y eso está violentando la secretividad del mismo», denunció la coordinadora.
Criticó además que, mientras en la legislación anterior del extinto Tribunal Supremo Electoral existía la figura del «edecán» para apoyar a las personas con dificultades, la nueva ley del Consejo Nacional Electoral ni siquiera contempla esta figura. «En vez de avanzar, hemos retrocedido», sentenció.
Un problema sistémico: De las aceras a la universidad
La problemática, sin embargo, no se limita a los eventos electorales. Hernández hizo hincapié en que esta exclusión es sistémica. «Las barreras existen, nuestras aceras están llenas de obstáculos, de baches», afirmó, poniendo como ejemplo la instalación de postes eléctricos en medio de las aceras, lo que impide la libre circulación.
El transporte accesible es otra de las grandes deudas. «Los taxis son sumamente caros porque si lleva silla de ruedas, muchas veces les quieren cobrar el doble, como que llevan otro pasajero», relató. Esto dificulta, por ejemplo, que los estudiantes con discapacidad lleguen a centros universitarios como la Universidad Nacional Autónoma, que, si bien ha procurado mejorar la accesibilidad interna, choca con la realidad de un entorno urbano hostil.
Informes ignorados y la falta de voluntad política
La defensora reveló que el Conadeh, en su rol de observador en todas las elecciones pasadas, ha presentado informes detallados sobre estas situaciones tanto al anterior Tribunal como al actual Consejo Nacional Electoral. No obstante, «nunca se han tomado en consideración».
Esta falta de acción efectiva por parte de las autoridades evidencia, a su juicio, la ausencia de un avance real que permita a las más de 700,000 personas con discapacidad en Honduras vivir de manera plena e independiente. «Seguimos teniendo dificultades, barreras no superadas en nuestro país», concluyó Hernández.
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