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VIDEO| ¿Estado de excepción o fantasía? Transportistas siguen desplumados por el “impuesto criminal”

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Tegucigalpa. El dirigente del transporte hondureño, Wilmer Cálix, manifestó su inconformidad ante la continuidad del estado de excepción en el país, al considerar que esta medida no ha logrado frenar el cobro de extorsión ni ha generado los resultados prometidos por las autoridades.

Según Cálix, el sector, transporte sigue pagando entre 400 y 500 millones de lempiras anuales en concepto de “impuesto criminal”, pese a los más de mil millones de lempiras aprobados a la Secretaría de Seguridad bajo el marco del estado de excepción.

“El estado de excepción no dio el resultado que prometieron. En tres años y diez meses, el sector, transporte, ha pagado 1,640 millones de lempiras en tasas criminales. ¿De qué ha servido entonces?”, cuestionó el dirigente.
Cálix añadió que esta política no puede evaluarse únicamente por el accionar policial, sino que debía implicar un trabajo articulado entre la Policía Nacional, el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial. Sin embargo, lamentó que las instituciones responsables de la persecución penal “no estén cumpliendo su papel”.

“El Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional tienen un presupuesto anual de más de 35 mil millones de lempiras, sin contar los 16,900 millones pagados por el pueblo en tasa de seguridad durante estos tres años y diez meses. Entre todos, suman casi 50 mil millones de lempiras. Con eso se pudieron construir escuelas, hospitales y mejorar la vida de los hondureños”, denunció.

El dirigente calificó como “raquítica” la judicialización de casos de extorsión, aludiendo a que las cifras presentadas por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reflejan apenas una mínima parte de lo que se prometió combatir.
“Nos sale carísimo el estado de excepción y carísima la justicia. Hay demasiada impunidad y pocos resultados. El pueblo tiene que abrir los ojos y analizar su voto en las próximas elecciones”, concluyó Cálix, haciendo un llamado a la reflexión ciudadana y al compromiso de las autoridades con la verdadera seguridad pública.

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