Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emitió un recordatorio a los funcionarios públicos sobre la prohibición del uso de vehículos propiedad del Estado para fines personales. Esta advertencia llega respaldada por la legislación vigente, que establece sanciones significativas para aquellos que violen esta disposición.

«De acuerdo con el artículo 222 reformado de la Constitución de la República, queda explícitamente prohibido el uso de vehículos propiedad del Estado fuera de las horas y días laborables, así como para actividades ajenas a las funciones oficiales desempeñadas dentro de la institución», detalla el texto.

Además, se restringe el traslado de funcionarios, empleados públicos y sus familiares hacia sus hogares u otros destinos no relacionados con sus labores oficiales.

El incumplimiento de esta directriz conlleva la aplicación del artículo 75 de la Ley Orgánica del TSC, que estipula multas que oscilan entre 5,000 y 50,000 lempiras. Además de estas sanciones económicas, los responsables de infringir la normativa podrían enfrentarse a requerimientos adicionales y/o al decomiso del vehículo estatal utilizado de manera indebida.

La circular emitida por el TSC también especifica que hay excepciones para el uso de vehículos propiedad del Estado, los cuales deben contar con la autorización correspondiente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, así como del propio Tribunal Superior de Cuentas.

Se insta a todos los funcionarios públicos a acatar estas regulaciones con responsabilidad, en aras de preservar la integridad y eficiencia de las instituciones del Estado, concluye el documento.