En el “Mes de la Herencia Africana”, el ente estatal reporta 221 quejas por desplazamiento forzado interno entre 2016 y mayo de 2025; amenazas, extorsión y asesinatos, entre las causas.
Tegucigalpa. Mientras en Honduras se conmemora el “Mes de la Herencia Africana”, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) encendió las alarmas: las comunidades afro-hondureñas enfrentan una crisis silenciosa pero devastadora. El despojo de sus tierras y el desplazamiento forzado agravan su vulnerabilidad extrema, sin que el Estado les garantice protección ni seguridad jurídica sobre sus territorios.
A través de un comunicado oficial (No. 007/2026), el Conadeh reveló que entre 2016 y mayo de 2025 registró 221 quejas por desplazamiento forzado interno presentadas por pueblos indígenas y afro-hondureños. Las causas incluyen amenazas directas, despojo de tierra, viviendas, asesinatos, extorsión, violencia doméstica, lesiones y discriminación. Los más afectados: lencas, garífunas, negros de habla inglesa, mayas chortí, tolupanes y misquitos.
El ente estatal, encabezado por Blanca S. Izaguirre, detalló que durante 2025 la situación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) se desarrolló en “un entorno de riesgo estructural”.
Las instituciones más señaladas en las quejas fueron el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), por violaciones a sus derechos humanos.
El Conadeh también expresó su preocupación por la falta de avances en el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en al menos cuatro casos relacionados con comunidades garífunas: Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos. El despojo y el desplazamiento, advierte, no solo provocan pérdida de vivienda e inseguridad alimentaria, sino ruptura cultural y riesgo de muerte.
“El vínculo con la tierra no es solo propiedad, sino el eje central de su cultura, espiritualidad y supervivencia”, subrayó el Conadeh, recordando al Estado hondureño su obligación de revertir los efectos estructurales y sociales del desplazamiento forzado.
La denuncia surge en abril, mes que el Congreso Nacional declaró en 2002 como “Mes de la Herencia Africana en Honduras”, en honor a la llegada del pueblo garífuna a las costas hondureñas en 1797. Hoy, esa herencia lucha por no desaparecer bajo el despojo y el olvido estatal.
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