Tegucigalpa. La designada presidencial María Antonieta Mejía volvió a lanzar fuertes señalamientos contra el gobierno de Xiomara Castro y el Partido Libertad y Refundación (Libre), que dejó el poder el pasado 26 de enero de 2026, denunciando una serie de presuntas irregularidades que incluyen doblaje de salarios a unos cinco mil docentes, contrataciones masivas, convenios con médicos cubanos y hasta la existencia de un salón de belleza en Casa Presidencial.
Según Mejía, durante la administración anterior se otorgaron beneficios salariales a alrededor de cinco mil docentes, quienes pasaron de una jornada normal a “asistencias técnicas”, incrementando su salario de 34 mil a 75 mil lempiras mensuales.
“Cinco mil docentes pasaron de jornada normal a asistencias técnicas”, reconfirmó la funcionaria, señalando que muchos de estos cambios se realizaron sin cumplir los procesos establecidos.
Asistencias técnicas bajo cuestionamiento
La designada indicó que, aunque las asistencias técnicas están contempladas en el presupuesto de Educación, deben cumplir con concursos y requisitos formales. Sin embargo, aseguró que fueron otorgadas “a raja tabla”.
Mencionó que entre los beneficiados estarían el exministro Daniel Sponda y el actual diputado de Libre por Santa Bárbara, Edgardo Casaña, quienes pasaron a estas modalidades salariales.
“Si no hicieron concursos para estas asistencias técnicas, entonces hay un vicio de nulidad”, advirtió, agregando que el equipo legal de la Secretaría de Educación revisa los casos.
Asimismo, cuestionó a los colegios magisteriales por no defender a la base docente. “Se favorecieron ellos y no así al docente”, expresó.
Convenios con médicos cubanos y millonarios pagos
Mejía también reveló que se han identificado dos tipos de convenios con galenos cubanos, a quienes se les pagaban aproximadamente seis millones de lempiras mensuales por 59 médicos, fondos que eran canalizados a través de Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) e Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp).
Indicó que actualmente se revisan los convenios para determinar condiciones, cantidad de personal contratado y el impacto costo-beneficio.
Sin documentación y con finanzas “lastimadas”
La designada presidencial cuestionó que la administración de Castro dejó “amarrados” múltiples contratos de personal en distintas dependencias del Estado, pero no así las compras prioritarias en el área de Salud, como medicamentos, oxígeno, alimentos e insumos hospitalarios.
Según detalló, al asumir funciones encontraron una alarmante ausencia de documentación en las secretarías de Estado. Afirmó que no existe respaldo documental para numerosos procesos administrativos y financieros, lo que ha complicado la continuidad de pagos a proveedores y compromisos adquiridos. Explicó que, ante esta situación, se ha solicitado de carácter urgente a las empresas presentar documentos originales, notariados y certificados para poder autorizar desembolsos conforme a la ley.
“No se ha encontrado ninguna documentación soporte, dejaron las secretarías como salón de baile”, afirmó, señalando que esto ha provocado retrasos en pagos a proveedores, préstamos y compra de medicamentos.
La funcionaria sostuvo que las instituciones fueron halladas prácticamente vacías, incluso sin archivos físicos. En el caso de Casa Presidencial, aseguró que se llevaron mobiliario y equipo básico.
Incluso denunció que en Casa Presidencial “se llevaron hasta la estufa de gas”, y aseguró que lo único que permanecía bien acondicionado era un salón de belleza que, según dijo, utilizaba la expresidenta Xiomara Castro.
“Encontramos todo vacío a excepción del salón de belleza, que sí estaba bien acondicionado”, manifestó.
911 infiltrado y reestructuración masiva
Sobre el Sistema 911, Mejía denunció que fue infiltrado por el crimen organizado y anunció una reestructuración total. Indicó que la empresa operadora fue cancelada abruptamente y que se instalaron cámaras de tecnología china.
También defendió la creación de comisiones interventoras, aunque reconoció que son costosas, argumentando que es el único mecanismo viable ante los procesos “amarrados” dejados por la administración anterior.
Cuestionamientos al Ministerio Público
La designada expresó dudas sobre una posible actuación de oficio del Ministerio Público, señalando que no espera acciones inmediatas ante las denuncias.
Aseguró que el nuevo gobierno trabaja en la reducción del aparato estatal y prometió que cada procedimiento se realizará enmarcado en la ley, sin violentar derechos laborales.
“Garantizamos que no crearemos más burocracia y que las intervenciones serán con plazos definidos y resultados concretos”, concluyó.
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