Tegucigalpa. La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEEFSSJ) ha presentado un requerimiento fiscal contra el Juez Ejecutor Edgardo Enrique Rivera Argueta, quien enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de prevaricato judicial y falsificación de documentos públicos. Estas acusaciones se vinculan al cierre administrativo de una denuncia por supuestos actos de corrupción en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).

Según la investigación fiscal, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoció un Recurso de Amparo interpuesto en 2016, relacionado con el Ministerio Público y una solicitud de nombramiento y juramentación de peritos presentada ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa. La solicitud tenía el propósito de analizar documentos del INFOP en relación con una denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) contra altos funcionarios, incluido un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

La Sala de lo Constitucional declaró con lugar el amparo en noviembre de 2018, señalando la vulneración del debido proceso. Sin embargo, en ninguna instancia ordenó el cierre de la denuncia, como lo hizo el Juez Ejecutor Rivera Argueta en octubre de 2023.

La Fiscalía sostiene que la actuación del Juez Ejecutor constituye un exceso y extralimitación de facultades, ya que la Sala de lo Constitucional no ordenó el cierre de la denuncia. Además, argumenta que la sala se refería a cuestiones de competencia y no a la clausura del caso.