Tegucigalpa. El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), ha presentado un recurso de apelación con el objetivo de revocar el sobreseimiento definitivo y solicitar un auto de formal procesamiento contra el expresidente Porfirio ‘Pepe’ Lobo Sosa por el delito de fraude.

Además, se ha solicitado a la Corte de Apelaciones correspondiente que emita un auto de formal procesamiento por fraude contra el extitular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, quien previamente había sido procesado únicamente por violación a los deberes de los funcionarios en el caso de corrupción denominado Pandora II.

En relación con otros implicados en el caso, como el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit, la exgerente administrativa de Sefin, Lilia Bográn, y el director de presupuesto de Sefin, Roberto Alonso Zúniga Barahona, se les ha decretado sobreseimiento por fraude.

Mientras tanto, para el exgerente administrativo de Sefin, James Aldana, se ha dictado un auto de formal procesamiento por fraude y violación a los deberes de los funcionarios.

La investigación de la Uferco ha revelado que estos altos exfuncionarios habrían formado parte de una red de corrupción entre los años 2010 y 2013, la cual habría participado en la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos que superaron los L288 millones de lempiras. Estos fondos fueron autorizados a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista por diversas instituciones públicas como el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Banadesa.

El expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, quien está a la espera de que comience un juicio en su contra por narcotráfico el próximo 12 de febrero, también está involucrado en este caso. Presuntamente habría recibido al menos L62 millones para financiar su campaña política a través de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios.

Estos fondos provendrían de desembolsos realizados desde instituciones públicas a las fundaciones mencionadas anteriormente, siendo parte de los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», así como a la sociedad mercantil «La Cachureca» y sus gerentes de campaña departamentales.

Según las investigaciones, el expresidente Lobo Sosa habría tenido una participación directa en todas las ampliaciones presupuestarias, facilitando los desembolsos a las fundaciones mediante el traslado de fondos entre secretarías. En cuanto a Wilfredo Cerrato, se le atribuye la aprobación de una ampliación de L35 millones que fueron destinados a la fundación Todos Somos Honduras.

Por otro lado, un octavo coimputado en el caso no se presentó a la audiencia de declaración de imputados, por lo que se ha emitido una orden de captura en su contra.

Es relevante mencionar que el requerimiento fiscal ha sido presentado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debido a la condición del expresidente Hernández Alvarado, quien, después de cesar en su cargo, fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano, situación que aún persiste.