San Pedro Sula. Documentos en poder de Noticias 24/7 HN, revelan que el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), ha recibido una denuncia presentada por la Asociación de Locatarios del Mercado Guamilito (ALOMERG). Esta denuncia solicita una investigación exhaustiva sobre presuntas irregularidades en la administración del dinero generado por el alquiler de locales en el mercado mencionado.

En la denuncia, presentada formalmente ante la fiscalía, solicitan que investigación de oficio la supuesta comisión de hechos constitutivo de delito por desvió de tributos en concepto de pago de impuestos municipales a cuentas de ahorro corrientes de personas particulares no autorizadas. Abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones de empleados y funcionarios públicos municipales. Difamación, intimidación, hostigamiento y amenazas de cierre de locales por no hacer los depósitos a las cuentas no autorizadas. Aumento desproporcional al pago de alquiler por metro cuadrado de los locales. Desviación de fondos aprobados en sesión ordinaria municipal y que consta en acta #109 punto 09,10, como ayuda a los locatarios afectados por la pandemia de covid19, incendio del mercado Guamilito, huracanes Eta y Iota

Antecedentes y Hechos Relevantes

El escrito señala que por la situación que están pasando los Locatarios del Mercado Guamilito y ante los hechos constitutivos de faltas y delitos que llevaron a incendiar dicho mercado, antes de eso venían escuchando de rumores de modernizar el mercado para hacerlo más atractivo para los visitantes de al cuidad industrial, pero no se podía llevar a cabo porque los locatarios con antigüedad de años de estar trabajando dicho mercado no aceptaban los términos de dicha remodelación, considerando que sería económicamente costoso. 

Explica que tras el incendio del 17 de junio de 2020, la Municipalidad prometió reconstruir el mercado. Sin embargo, la ayuda económica aprobada, conocida como «Capital Semilla,» no llegó a los locatarios, a pesar de estar presupuestada según consta en Acta Municipal #109 Punto 09,10.

Indica que a pesar de la aprobación de ayuda por parte del Congreso Nacional, destinada a los afectados por el incendio, huracanes y la pandemia, los locatarios no han recibido los recursos. El actual Alcalde Municipal, Roberto Contreras Mendoza, se enfrenta a cuestionamientos sobre el manejo de estos fondos.

Denuncia que el edil sampedro parece desconocer del Decreto 95-2019, que condonaba deudas de agua y energía, y la falta de entrega de la ayuda humanitaria aprobada en sesiones municipales.

 

Detalla que está aprobada una tabla de tarifas de alquiler por metro cuadrado, justificada como necesaria para sufragar los gastos de construcción y remodelación del mercado. Los locatarios se oponen, argumentando que el mercado es propiedad municipal y no se puede ceder derechos sobre él. Agrega que ha existido una  manipulación ilegal para desconocer el Decreto 95-2019 y aprobar nuevas tarifas sin consulta mayoritaria.  También existe el indicio o sospecha de que fueron firmadas y presentadas sin el consentimiento de los vendedores por la directiva ilegal interna de SULMER, todo con el fin de obtener intereses propios.

Asimismo, en el documento se solicita investigar el procedimiento de asignación de locales recuperados y se denuncia la intimidación y persecución a locatarios que se oponen a las arbitrariedades. Explica que locales son cerrados arbitrariamente, y se denuncia traspasos irregulares y cambios en las categorías de locales sin previo aviso de aumento.

También indican que muchos de los Locatarios del Mercado Guamilito que se oponen a todas estas arbitrariedades se sienten intimidados y perseguidos, ya que son objeto de burla, insultos denigrantes, ofensas, y  provocaciones después de haber incoado acciones a través de un Reclamo Administrativo presentado ante la secretaria de la Corporación Municipal.

Lamentan que a pesar de reclamos administrativos, la respuesta de la Corporación Municipal es nula, y la Unidad de Auditoría Interna Municipal coincide sorprendentemente con las denuncias de los locatarios.

Responsabilidad recae sobre Corporación Municipal

Los locatarios, además solicitan protección ante amenazas y hostigamiento. Además, advierten que la responsabilidad recae sobre  la Corporación Municipal de San Pedro Sula representada por el Alcalde ROBERTO CONTRERAS MENDOZA y sus sub alternos, también a LIZANDRA GABRIELA PAZ GUZMAN, por cualquier atentado a las vidas y/o a los familiares de los locatarios del Mercado.

También piden  que se inicie y se proceda a una investigación interna a la Corporación Municipal de SPS, en  cuanto al manejo de fondos asignados por el Congreso Nacional para la Rehabilitación de la Economía de los Locatarios del Mercado Guamilito.

Solicitan a su vez, la investigación de la gestión de fondos en cuentas bancarias de personas particulares relacionadas con la Corporación Municipal, donde se depositan aun los cobros en concepto de pago de alquiler por el uso de locales municipales.

Piden una exhaustiva investigación sobre la señora Lizandra Gabriela Paz Guzmán y las titulares de la cuentas bancarias, Marlene Patricia Milla Portillo y Maritza Mercado. La solicitud se basa en la falta de licitación para la tercerización del manejo de fondos municipales, específicamente los ingresos provenientes del pago de alquiler por el uso de locales municipales.

Alegan que el Artículo 122 del Plan de Arbitrios establece claramente que ninguna asociación de vendedores está autorizada para cobrar cuotas, siendo el Tesoro Municipal el único autorizado para llevar a cabo tales transacciones. La cuenta bancaria en cuestión parece incurrir en la fuga de activos e intereses, ya que los depósitos se transfieren un mes después del recaudo de impuestos, planteando interrogantes sobre la integridad financiera y la adecuada gestión de los recursos municipales.

Solicitan a la UFERCO

Los denunciantes solicitan a la UFERCO,  admitir la solicitud junto e investigar los hechos denunciados, dar el trámite legal correspondiente y proceder conforme a derecho. También piden una investigación exhaustiva sobre los hechos mencionados, incluyendo la presentación del listado de beneficiados del Capital Semilla por parte del Comisionado de Transparencia Municipal de la Alcaldía de SPS, Walter Banegas.

Asimismo, piden un requerimiento fiscal a la Administración del Mercado Guamilito para que presente el expediente, documentos y registros de todos los Locatarios Antiguos desde la apertura del mercado hasta 2023, a pesar que alegan que estos se quemaron en un incendio.

Agregan que se haga requerimiento fiscal a la Corporación Municipal de las evaluaciones Socioeconómicas y de sus respectivos informes practicadas y elaboradas por la Corporación Municipal de SPS,  que indicaban que el aumento a las tarifas en conceptos de alquiler de los locales por metros cuadrados del Mercado Guamilito que no era viable, algo que no ocurrió y no se siguió el debido proceso que indica el artículo 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo. A su vez, piden que se aplique un cobro de alquiler de acuerdo a la capacidad económica de cada Locatario del Mercado Guamilito.

Solicitan dar seguimiento a la denuncia del exalcalde Armando Calidonio Alvarado, sobre el incendio en el Mercado Guamilito y capturar a los supuestos responsables.

Piden que sea puesta a la vista las actas firmadas por locatarios que supuestamente respaldaban el aumento de tarifas y se insta a realizar una prueba pericial caligráfica para verificar la autenticidad de las firmas.

También, señalan que piden un requerimiento fiscal a las señoras Lizandra Gabriela Paz Guzman, Marlene Patricia Milla Portillo y Maritza Mercado, propietarias de cuentas bancarias, para que declaren sobre los montos depositados por alquileres y sus respectivos intereses.

Otra denuncia más

La ALOMERG, también presentó una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), donde exponen  la violación de sus derechos constitucionales, también reiteran el aumento excesivo del pago por metro cuadrado de los locales en el Mercado Guamilito, aprobado por la Corporación Municipal de San Pedro Sula en el Plan de Arbitrios Municipal 2023.

Asimismo, alegan abuso de autoridad por parte de funcionarios y empleados de la Corporación Municipal de San Pedro Sula, amenazas de cierre de locales por falta de pago y hostigamiento.  Aseguran que, a pesar de solicitar un acercamiento al diálogo con el Alcalde Roberto Contreras Mendoza antes de la aprobación del Plan de Arbitrios 2023, las promesas de negociación no se cumplieron, dejándolos con una tarifa imposible de pagar.

Destacan que el aumento desproporcionado de las tarifas afecta negativamente a los locatarios, dificultando el desarrollo de sus negocios y generando condiciones económicas desfavorables en comparación con otros mercados de la ciudad.

Solicitan la intervención de CONADEH para evitar cierres injustos, reconsiderar las tarifas y garantizar los derechos al libre comercio. Explican que, a pesar de presentar documentación legal, la administración hizo caso omiso de su estatus legal. Se quejan de demoras en el proceso administrativo y de mal manejo de documentos presentados.

Argumentan que se están vulnerando derechos fundamentales, como el derecho a un trabajo digno, a ejercer el comercio en igualdad de condiciones y a ser tratados con equidad y justicia, según lo establece la Constitución hondureña y los tratados internacionales.

Piden un pronunciamiento por parte de la CONADEH respecto a la denuncia de violación de derechos. También exigen el respeto a principios fundamentales como libertad, igualdad, fraternidad, equidad y justicia, fundamentales en una sociedad de derecho y bien común.