El fiscal general Pablo Emilio Reyes asegura que las investigaciones avanzan en varias líneas, mientras la diputada Tania Pinto exige castigos ejemplares y denuncia posibles delitos graves en el manejo de información electoral.
Tegucigalpa. El ambiente político y judicial en Honduras se calienta tras las declaraciones del Fiscal General, Pablo Emilio Reyes, quien dejó claro que el Ministerio Público no hará distinciones al momento de investigar posibles delitos derivados del Juicio Político.
“Uno no mira nombres, no mira partidos políticos, no mira religión, simplemente se mira el delito, sea quien sea”, afirmó de manera categórica el titular del ente acusador, enviando un mensaje directo a todos los sectores bajo sospecha.
Ante las consultas de la prensa sobre si ya existen informes concluidos que puedan derivar en requerimientos fiscales, Reyes fue prudente, pero firme:
“Eso va a depender de una vez que tengamos los informes listos para verificar si o no hay actos delictivos que puedan acarrear una persecución penal”.
El Fiscal confirmó que actualmente hay múltiples líneas de investigación en curso, aunque evitó revelar nombres o detalles específicos. “Se está investigando cualquier persona que cometa un delito y no es prudente dar nombres específicos”, reiteró, incluso ante cuestionamientos sobre figuras como el presidente del Congreso, Luis Redondo.
Investigaciones abiertas y presión electoral
El contexto se vuelve aún más delicado al incluir los recientes señalamientos sobre irregularidades en las elecciones primarias. Diversos sectores exigen claridad sobre los responsables, a lo que Reyes respondió que el Ministerio Público “está en la obligación de investigar todo” y que las fiscalías trabajan activamente en el caso.
Este reclamo surge tras la culminación de los juicios políticos que derivaron en la destitución de varias figuras de alto perfil: el ahora exfiscal Johel Zelaya, el entonces consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y el exmagistrado Mario Morazán.
Además, el fiscal destacó la reactivación de convenios con Estados Unidos tras reuniones recientes con autoridades diplomáticas, lo que según dijo, traerá beneficios en materia de fortalecimiento institucional.
No obstante, también reconoció debilidades internas: el Ministerio Público opera apenas con un 40 % del personal fiscal necesario, lo que limita la capacidad de respuesta ante la carga investigativa.
Diputada exige castigo y denuncia delitos
Por su parte, la diputada del Partido Nacional, Tania Pinto, respaldó la postura del fiscal, pero fue más allá al exigir consecuencias claras para quienes habrían violentado la ley durante el proceso político.
“Todo aquel que infrinja la ley debe de ser castigado independientemente del partido político, color, raza, religión (…) debe de evitarse y debe de combatirse la impunidad”, sentenció.
Pinto, quien formó parte de la Comisión de Juicio Político, aseguró que durante el proceso quedaron evidenciados posibles delitos cometidos por funcionarios y empleados de entes electorales.
Entre los señalamientos más delicados, mencionó un presunto intento de extracción ilegal de documentos sensibles:
“Hubo la pretensión de extraer documentos de seguridad nacional del CNE… intentaron sustraer actas sin autorización”, denunció.
También hizo referencia a actos de violencia, persecución y abuso de poder que, según dijo, quedaron documentados durante la investigación legislativa.
En cuanto a los audios presentados como prueba, Pinto defendió su validez:
“Tenían la legalidad debida… eran grabaciones de sesiones oficiales que deben quedar registradas”.
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