Tegucigalpa. El abogado y analista, Kenneth Madrid, ha planteado que el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández evidencia la penetración del narcotráfico ha generado una conmoción en Honduras.

Madrid enfatizó la gravedad de la situación al señalar que el proceso judicial ha revelado detalles sobre el financiamiento de campañas políticas con fondos provenientes del crimen organizado. Además, destacó que este fenómeno pone en entredicho la integridad de la clase política hondureña.

«El juicio a JOH conmociona al país, porque revela cuán infiltrado está por el narcotráfico. La clase política está expuesta. Se han desvelado detalles del financiamiento de campañas políticas con dinero del crimen organizado», expresó Madrid.

El excoordinador legal de ASJ hizo un llamado a la reforma de la Ley de Financiamiento de las Campañas Políticas, calificándola como un instrumento débil que propicia la corrupción entre aquellos que buscan ocupar cargos electorales.

«Es un chiste la Ley de Financiamiento de las Campañas Políticas. Esta ley no tiene ‘garras’. Los políticos están cómodos con las reglas de juego actuales en materia electoral, no quieren darle a Honduras un estamento jurídico distinto», añadió.

Madrid sugiere la necesidad de una revisión seria de la legislación electoral para evitar situaciones similares en el futuro. La Ley de Financiamiento, Transparencia y Control de las Campañas Políticas en Honduras, impulsada por la MACCIH, busca establecer regulaciones más claras y transparentes sobre el financiamiento de las campañas políticas.

El exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, también ha señalado durante el juicio que los organismos de seguridad del Estado han estado infiltrados por el crimen organizado, subrayando la amplitud de esta problemática en diferentes esferas de la sociedad hondureña.

La Sociedad Civil, por su parte, ha enfatizado la urgencia de una reforma política-electoral integral para prevenir la repetición de casos como el que actualmente involucra a un expresidente hondureño acusado en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.