Tegucigalpa.  La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) ha emitido nuevamente órdenes de captura para Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, representante legal de INRIMAR, y su hermana Irza Fané Pacheco Murillo, representante legal de ARDIQCO, tras no cumplir con la entrega voluntaria y ausentarse de la audiencia de declaración de imputado.

El caso, denominado Narcopolítica II, se encuentra en desarrollo desde ayer con la audiencia inicial, donde comparece la exasistente de la gerencia técnica del Fondo Vial, Iris María Sarmiento Ferreira, siendo la primera imputada en este proceso.

Otros involucrados en este caso son el exdirector del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano; el extitular de la gerencia técnica, Elder Jacobo Goméz Gavarrete; y el gerente propietario de la empresa INRIMAR, Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien enfrenta procesos en Estados Unidos por narcotráfico.

La segunda fase judicializada de Narcopolítica se presentó el 13 de septiembre de 2023, acusando a 12 personas de formar parte de un esquema que facilitó el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas internacional mediante obras contratadas con el Estado, muchas de las cuales no se llevaron a cabo.

En ese entonces, los encausados fueron el exministro de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), Miguel Rodrigo Pastor, por suponerle responsable de 21 delitos de fraude, cohecho y lavado de activos, así como contra los exfuncionarios Marlon Geovanny Flores y Carol Ivonne Pineda por 21 delitos de fraude, Norberto Quezada y José Manuel Valladares Rosa por 10 delitos de fraude y Lucas Jetsell Velásquez por un delito de fraude.

Entre los coimputados figuran Fabio Porfirio Lobo Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga, con cargos por conspiración a la narcoactividad en Estados Unidos.

En la fase anterior, fechada el 24 de mayo de 2019, y en esta etapa II, las imputaciones se centran en el otorgamiento de contratos a INRIMAR con el supuesto propósito de realizar obras en Olancho, Colón y Yoro. Inicialmente, se favoreció a la empresa con 21 contratos por más de 68 millones de lempiras (L.68,326,690.55) , y ahora se registran 10 contratos adicionales por más de 50 millones de lempiras (L.50,786,654.12).

Estos contratos fueron asignados sin que INRIMAR cumpliera con los requisitos legales durante la gestión del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Algunos contratos se fraccionaron, y en otros se emitieron decretos de emergencia debido a tormentas tropicales.

La mayoría de las obras asignadas no se llevaron a cabo, falsamente acreditadas como completadas, y las ejecutadas fueron sobrevaloradas. El propósito aparente de la asignación de estos contratos era prestigiar y legitimar a INRIMAR para lavar dinero derivado del narcotráfico a través de instituciones gubernamentales.