Periodista denuncia que el jefe de la DPI, Eduardo Turcios, desobedeció orden judicial que anula su proceso penal y mantiene activos sus antecedentes
Tegucigalpa. “Hoy me di cuenta que este general de la DPI (Dirección Policial de Investigaciones), es el que ordenó el asalto a mi casa, mi captura, encarcelamiento y torturas. Me querían matar”. Con esta fuerte declaración, el periodista Esdras Amado López denunció este viernes al director de la DPI, Eduardo Antonio Turcios, a través de su cuenta oficial en X.
López, quien fue arrestado el pasado 25 de marzo tras un operativo policial irregular, aseguró que, pese a que la Corte de Apelaciones anuló todo su proceso penal por ser ilegal, el jefe policial ha desobedecido la orden judicial y se niega a eliminar los antecedentes del expediente en la base de datos policial.
“Mis abogados piden los antecedentes policiales, él desobedece, no los emite”, agregó en su denuncia pública.
El periodista sostiene que las acciones ejecutadas en su contra fueron parte de un intento por silenciarlo y que su vida estuvo en riesgo durante los momentos de su detención.
La Corte declaró ilegal el procedimiento
El 12 de junio de 2025, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán resolvió por unanimidad que el allanamiento a la vivienda de López y su detención se ejecutaron sin orden judicial escrita y sin existir condiciones de flagrancia, lo cual violó la Constitución de la República, específicamente las garantías sobre inviolabilidad del domicilio y debido proceso.
La sentencia también ordenó la exclusión de todas las pruebas obtenidas en ese operativo y la suspensión inmediata de las medidas cautelares dictadas contra el periodista, dejando sin efecto cualquier señalamiento penal en su contra.
Turcios incurre en desacato y abuso de autoridad, según juristas
A pesar del fallo judicial claro y vinculante, el general Turcios no ha acatado la disposición de eliminar los antecedentes policiales de López, una acción que legalmente ya no tiene justificación. Este incumplimiento ha sido catalogado por juristas como desacato, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.
La permanencia de esos registros no solo representa una violación a los derechos del periodista, sino que también le impide realizar trámites legales y administrativos necesarios para el ejercicio pleno de su vida profesional y civil.
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