Tegucigalpa. Una estructura criminal operaba desde el interior del centro penitenciario de Támara, donde privados de libertad vinculados a la Mara Salvatrucha (MS-13) llegaron a comercializar celdas por sumas que iban desde los 200,000 hasta los 300,000 lempiras, según revelaron las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
El director del INP, Ramiro Muñoz, informó que integrantes de esta organización se habían infiltrado entre la población carcelaria común para tomar control de sectores específicos del penal. Allí construían espacios improvisados con madera y otros materiales, los cuales luego eran vendidos a reos que podían pagar por mejores condiciones.
“Detectamos que en áreas destinadas a 40 personas apenas había 10 o 11. El resto del espacio había sido apropiado para actividades irregulares”, declaró Muñoz. Esta maniobra generaba una imagen falsa de hacinamiento y, al mismo tiempo, permitía a los mareros manejar un negocio ilícito dentro del centro penal.
Frente a esta situación, el INP tomó la decisión de identificar y trasladar a más de 300 internos que se mantenían encubiertos como población común, pero que en realidad eran miembros activos de la MS-13. Todos ellos fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Tolva”, en una operación que forma parte del proceso de reestructuración penitenciaria en el país.
“Cuando despejamos las instalaciones, muchos de ellos salieron admitiendo su afiliación a la MS. Entonces, ¿por qué estaban mezclados con los demás?”, cuestionó el funcionario, quien insistió en la necesidad de clasificar adecuadamente a los internos para evitar que estos grupos sigan operando desde prisión.
Cierres de cárceles y depuración del sistema
Las irregularidades no se limitan al penal de Támara. El INP también anunció el cierre definitivo de los centros penitenciarios de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, y Trujillo, en Colón. En ambos se detectaron patrones similares de corrupción y control interno por parte de estructuras criminales.
Según Muñoz, estas medidas son parte de una estrategia nacional para recuperar el control estatal de los centros penales, garantizar la seguridad interna y erradicar las mafias que han logrado establecer redes de poder dentro de las prisiones.
“Estamos actuando con base en la ley. No vamos a retroceder por presiones ni críticas. Sabemos que estamos haciendo lo correcto. Vamos a desarmarlos”, afirmó el titular del INP, dejando claro que el objetivo es cortar de raíz la influencia de estos grupos al interior del sistema carcelario.
Las autoridades han asegurado que las acciones continuarán en otros centros del país, como parte de una reforma estructural que busca dignificar el sistema penitenciario, impedir el tráfico de beneficios dentro de las cárceles y frenar la actividad delictiva que muchas veces se gestiona desde tras las rejas.
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