Revisión abarcará el período 2022-2025 y podría derivar en responsabilidades administrativas o penales.
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) iniciará una auditoría integral al manejo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) correspondiente al período de gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, tras la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre ambas entidades.
El acuerdo fue suscrito por el magistrado presidente del TSC, Ricardo Alfredo Montes Nájera, y la directora de la OABI, Elizabeth Rodríguez Valladares, con el objetivo de fortalecer la transparencia, el control y la rendición de cuentas en la administración de bienes del Estado.
La auditoría abarcará el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, correspondiente a la administración en la que estuvo el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Auditoría de 18 meses bajo nueva administración
Este proceso se desarrolla ahora bajo el actual gobierno del presidente Nasry Asfura, en un contexto donde se busca revisar la gestión de recursos públicos de la administración anterior.
La auditoría tendrá una duración estimada de 18 meses y permitirá examinar de forma detallada la gestión administrativa y financiera de los fondos manejados por la OABI, institución encargada de administrar bienes incautados al crimen organizado.
Una vez concluida, el TSC emitirá un informe que incluirá hallazgos, recomendaciones y, en caso de detectarse irregularidades, la notificación de posibles responsabilidades civiles, administrativas o penales.
Transparencia bajo revisión
Las autoridades indicaron que este proceso busca fortalecer los mecanismos de control institucional y garantizar el uso adecuado de los recursos del Estado, así como mejorar la eficiencia en la gestión pública.
El convenio también contempla cooperación técnica entre ambas instituciones para robustecer los procesos de fiscalización. Con esta auditoría, el manejo de la OABI durante el gobierno de Xiomara Castro queda bajo revisión en la actual administración, en medio de exigencias ciudadanas por mayor transparencia y rendición de cuentas.
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