Kevin Rodríguez (ASJ) advierte que la ENE no ofrece condiciones para atraer inversión confiable ni precios competitivos.
Tegucigalpa. El Gobierno de Honduras lanzó ayer una licitación pública internacional para contratar 1,500 megavatios (MW) de potencia firme que cubrirían la demanda energética hasta el año 2030. Sin embargo, la magnitud del proceso ha generado preocupación entre expertos por las deficientes condiciones técnicas y financieras que ofrece actualmente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Kevin Rodríguez, especialista en temas energéticos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), aseguró que “nunca en la historia de Honduras se había lanzado una licitación de esa magnitud sin contar con las condiciones necesarias para obtener buenos precios”.
Rodríguez explicó que una licitación energética debe cumplir con tres objetivos complementarios: cubrir el crecimiento de la demanda (que incrementa alrededor de un 5 % anual), lograr precios competitivos, y asegurar sostenibilidad. “No tiene ningún sentido licitar por licitar si los precios van a salir carísimos”, apuntó.
A su juicio, la única forma de asegurar precios bajos es generando verdadera competencia entre los oferentes. Pero con la situación actual de la ENEE —que arrastra pérdidas del 36 %, las más altas de Centroamérica, lo que representa un drenaje de 40 millones de lempiras diarios—, eso parece inalcanzable.
“Ningún inversionista va a confiar en una empresa como la ENEE”
“Al ser la ENEE el único comprador, ningún inversionista va a tener la confianza ni la certeza de apostar un dólar en un país donde la estatal energética paga cada 7 u 8 meses, mantiene una deuda histórica de 110 mil millones de lempiras y no ha resuelto su nivel de pérdidas”, advirtió.
Por tanto, explicó, quienes sí se presentan a este tipo de procesos lo hacen ofreciendo precios más altos para compensar los riesgos. “Y así no se puede hablar de una licitación seria”, dijo.
Rodríguez también advirtió que una contratación de 1,500 MW implicaría una inversión de entre 2,000 y 3,000 millones de dólares —entre 55 mil y 80 mil millones de lempiras—, dependiendo de si se adjudican tecnologías renovables o térmicas. Pero con la falta de confianza institucional, la reciente renegociación de contratos bajo amenazas de expropiación y la forma en que se han aprobado proyectos en el Congreso sin socialización adecuada, considera poco probable que lleguen inversiones serias.
“¿Qué inversionista va a apostar miles de millones en un país donde la empresa estatal tiene ese nivel de deuda y contratos diésel que se aprueban de madrugada?”, cuestionó. También señaló la falta de infraestructura de transmisión como un obstáculo adicional: “¿Con qué líneas van a sacar esa energía?”
Lanzamiento en año electoral: un riesgo para el próximo gobierno
Finalmente, Rodríguez cuestionó el momento en que se lanza esta licitación, a solo cinco meses de las elecciones generales y a seis del cambio de gobierno. Aseguró que adjudicar contratos justo antes del fin del mandato puede comprometer la gestión de la siguiente administración.
“Así no se construye soberanía energética. Si los contratos se adjudican en diciembre o enero y el nuevo gobierno considera que los precios son altos, eso puede abrir la puerta a demandas contra el Estado de Honduras”, advirtió.
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