Tegucigalpa. En medio de un ambiente político tenso, en torno a señalamientos y denuncias , autoridades de la Comisión Liquidadora han destapado un presunto esquema de desvío de más de 175 millones de lempiras provenientes del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) y del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) en el gobierno de Xiomara Castro, recursos que habrían sido utilizados supuestamente para financiar personal extranjero.
El presidente de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez, señaló en declaraciones a Radio Cadena Voces (RCV) que los fondos habrían sido triangulados a través de la Secretaría de Planificación Estratégica, anteriormente dirigida por Ricardo Salgado, para cubrir pagos de médicos cubanos, maestros de la misma nacionalidad y asesores venezolanos.
De acuerdo con el señalamiento, mensualmente se habrían movilizado alrededor de 70 millones de lempiras provenientes de instituciones previsionales del Estado, además de 105 millones adicionales del presupuesto de la Secretaría de Planificación Estratégica.
En este sentido, Núñez detalló que 35 millones de lempiras salían de INPREMA y una cantidad similar de INJUPEMP, fondos que por ley están destinados exclusivamente al pago de pensiones de maestros y empleados públicos.
El caso ha generado fuertes cuestionamientos sobre el uso de recursos previsionales y la legalidad de su redirección hacia fines distintos a los establecidos.
Posible red de espionaje
Las denuncias también apuntan a la presunta existencia de una estructura paralela dentro de la Secretaría de Planificación Estratégica, donde habría una oficina de acceso restringido exclusivamente a ciudadanos cubanos y venezolanos.
Según el señalamiento, el ingreso de personal hondureño estaría prohibido y dicho espacio habría sido utilizado presuntamente para labores de vigilancia política contra líderes de opinión y figuras de oposición.
De confirmarse, estos hechos representarían una grave violación a derechos fundamentales y al orden democrático.
Irregularidades administrativas
La Comisión Liquidadora también reportó presuntos pagos excesivos en alimentación sin respaldo documental, contratación masiva de personal sin auditorías previas y falta de controles internos en el manejo de recursos públicos.
Estos hallazgos, según Núñez, reflejarían un patrón de opacidad en la administración estatal.
Investigación en curso
Las nuevas autoridades han solicitado al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público abrir una investigación de oficio para esclarecer los hechos y deducir responsabilidades.
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