Tegucigalpa. El Gobierno del presidente Nasry Asfura aprobó mediante un PCM el subsidio del 100 % en la tarifa eléctrica residencial para consumidores de 0 a 150 kW, así como un 100 % de subsidio para pequeñas y medianas empresas con consumo igual o menor a 1,000 kW, como parte de un paquete de medidas para mitigar el impacto económico derivado del alza en los combustibles.
El titular de Comunicaciones, José Argueta, explicó que el decreto también contempla un subsidio del 50 % para los consumidores residenciales entre 150 y 500 kW, y para empresas con consumo entre 1,000 y 3,000 kW, lo que representa una inversión adicional de 400 millones de lempiras para aliviar la carga sobre la población.
El funcionario detalló que estas decisiones responden a una crisis internacional marcada por el conflicto en Medio Oriente, que ha afectado el tránsito en el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 25 % del petróleo mundial, elevando los precios. En ese contexto, recordó que Honduras importa el 100 % de los combustibles que consume, por lo que está expuesta a las variaciones del mercado global.
Argueta indicó que el Estado ha destinado 536 millones de lempiras en lo que va del año para absorber la mitad de cada incremento semanal en los combustibles, lo que ha evitado que los precios sean aún más altos en el mercado nacional.
Además del subsidio eléctrico, el Gobierno ha implementado medidas como teletrabajo en el sector público, reducción del 10 % en productos de Banasupro, regulación de horarios laborales y del transporte pesado, así como acciones de eficiencia energética y coordinación con el sistema educativo.
El funcionario subrayó que eliminar impuestos a los combustibles implicaría reasignar recursos de otros sectores, ya que actualmente el Gobierno absorbe hasta 11 lempiras por galón, equivalente al ingreso por ese impuesto.
Finalmente, aseguró que la administración continúa evaluando nuevas medidas junto a distintos sectores, reiterando que la crisis no será de corto plazo, pero que el Gobierno actuará con responsabilidad fiscal, disciplina y enfoque en proteger a la población.
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