Tegucigalpa. La vicepresidenta del Congreso Nacional y diputada del Partido Nacional, Lissi Matute Cano, presentó este martes una iniciativa para derogar los artículos 1, 4, 5, 6 y 7 del decreto 04-2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 2 de febrero de 2022 bajo el nombre “Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan”.
La propuesta, impulsada junto al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, fue turnada a la Comisión de Dictamen y se prevé que sea sometida a votación este miércoles. Según la legisladora, el objetivo es dejar sin valor ni efecto las cartas de libertad otorgadas a personas beneficiadas por la amnistía contemplada en ese decreto.
En la exposición de motivos —específicamente en el artículo 2 de la iniciativa— se plantea anular dichas resoluciones. Asimismo, en el artículo 3 se establece que jueces y tribunales deberán revisar de oficio las causas penales en las que se haya concedido carta de libertad o que permanezcan pendientes, con el fin de continuar la judicialización inmediata, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa.
La iniciativa también contempla anular el archivo administrativo del Ministerio Público y de los tribunales en los expedientes vinculados con los delitos señalados en el decreto 04-2022.
Durante la sesión, Zambrano aseguró que se respetará el derecho de expresión de todos los diputados, especialmente de la oposición.
«Le digo aquí a los compañeros de oposición: desde esta directiva nadie va a actuar en contra de ustedes violentando el derecho que tienen como diputado. Porque si antes lo denuncié, no puedo venir hoy desde esta directiva a atacar y atropellar a la oposición política», manifestó.
El titular del Legislativo recordó su paso por la bancada opositora y las dificultades que —según afirmó— enfrentó en ese período.
«Nosotros exigíamos la derogación, le digo hoy a Honduras: hoy tenemos que pedir la derogación, tenemos que ser coherentes. Y también le digo a los amigos de la oposición aquí hoy, desde aquel curul, cuando éramos oposición, yo señalé muchos abusos, muchos ataques, muchos atropellos», expresó.
Zambrano criticó que en el pasado, pese a contar con los votos suficientes, no se les permitía intervenir en el pleno.
«Teníamos los votos y nunca nos quisieron dar la palabra. Presentábamos mociones de orden, no daban la palabra. Presentábamos en el hemiciclo sugerencias y recomendaciones para agregar en decretos y en dictámenes la derogación de ese decreto. Y aun teniendo los números, nunca le daban el valor a la mayoría del pleno», enfatizó.
El presidente del Congreso informó que se ha solicitado a la comisión correspondiente acelerar el dictamen para que el tema pueda discutirse ampliamente este miércoles.
«Que todos hablemos. Que los de Libre tengan la palabra, los que quieran hablar; los liberales también; nosotros los nacionalistas también. Y al final votemos. La mayoría es la que decide las decisiones en este poder del Estado», puntualizó.
Beneficiados por las amnistías políticas
El debate sobre la derogación cobra relevancia al recordar casos de alto perfil que fueron favorecidos por estas medidas.
Uno de los más sonados fue el de Marcelo Chimirri, quien el 3 de marzo de 2022 recibió los beneficios de la amnistía. El exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) había sido condenado a 17 años de prisión por violación de los deberes de los funcionarios, fraude y enriquecimiento ilícito, por lo que su liberación generó amplio debate público.
Un día después, el 4 de marzo de 2022, Enrique Flores Lanza —vinculado a la crisis política conocida como «El Carretillazo»— también fue favorecido con una carta de libertad tras cesar la acción penal en su contra. Flores Lanza, quien permanecía prófugo de la justicia, enfrentaba procesos por falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
Su retorno al país el 18 de marzo de 2022 y su posterior incorporación como asesor presidencial reavivaron las alertas sobre los alcances de la normativa aprobada por el Congreso Nacional.
Beneficiados por las amnistías políticas: los casos Chimirri, Flores Lanza y Padilla Sunseri
La discusión sobre la derogación de las amnistías políticas cobra relevancia al recordar los casos de alto perfil que fueron beneficiados por estas medidas. Uno de los más sonados fue el de Marcelo Chimirri, quien el 3 de marzo de 2022 recibió los beneficios de la amnistía. Chimirri, exgerente de la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), había sido hallado culpable por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y enriquecimiento ilícito, por lo que cumplía una condena de 17 años de prisión. Su liberación generó un amplio debate en la opinión pública sobre la aplicación selectiva de estas medidas.
Tan solo un día después, el 4 de marzo de 2022, Enrique Flores Lanza, conocido artífice de la crisis política conocida como «El Carretillazo», también fue favorecido con una carta de libertad tras cesar cualquier acción penal en su contra. Flores Lanza, quien hasta ese momento permanecía prófugo de la justicia, enfrentaba procesos por falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y fraude. Su retorno al país el 18 de marzo de 2022 y su posterior incorporación como asesor presidencial encendieron las alarmas sobre los alcances de la normativa aprobada por el Congreso Nacional.
Otro de los nombres que figura en la lista de beneficiados es el del exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri.
El Poder Judicial amnistió por mayoría a Padilla Sunseri de sus casos pendientes con la justicia, incluso en uno en el que ya estaba emitida la sentencia firme, reveló en su momento una alta fuente vinculada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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