Tegucigalpa. En apenas unos días del nuevo gobierno, varias municipalidades hondureñas se han visto envueltas en embargos que amenazan su funcionamiento. Una de las más afectadas es la Municipalidad de Guata, en Olancho, que enfrenta una demanda laboral por más de 31 millones de lempiras, interpuesta por 43 ex empleados.
El alcalde Joaquín Antúnez explicó en declaraciones a Hoy Mismo que, de los 43 ex empleados que interponen la demanda, solo 12 figuraban como personal permanente en la planilla municipal, mientras que del resto no existe documentación oficial ni registros de contrato.
Según Antúnez, algunos recibían subsidios en educación, otros trabajaban en programas locales y de algunos no se tiene información clara.
“No estamos en contra de pagarles derechos laborales, sabemos que son derechos, pero solo a empleados permanentes, no a quienes nunca fueron parte de la municipalidad”, declaró el edil.
Antúnez añadió que la deuda actual compromete más de un año y medio del presupuesto de la municipalidad, que depende casi en su totalidad de las transferencias estatales, que ascienden a aproximadamente 30 millones de lempiras al año.
“Ha sido un año y medio de compromisos financieros. Nos preocupa esta situación, por la condición de nuestro municipio. Creo que nos va a tocar llegar a embajadas y ONGs para pedir apoyo a este municipio”, afirmó.
El alcalde denunció además irregularidades legales en la demanda, señalando que los reclamos carecen de soporte contractual, lo que dificulta la defensa de la municipalidad ante los tribunales.
“Metimos un recurso de apelación que fue inadmitido. La demanda no tiene ni siquiera soporte de contrato de los demás empleados”, concluyó.
Guata se encuentra entre los municipios más pobres del país, con indicadores de desarrollo humano bajos, y la actual crisis financiera amenaza la ejecución de obras, servicios básicos y programas sociales que benefician a la población más vulnerable.
El caso evidencia un problema recurrente en varias municipalidades hondureñas: contrataciones bajo figuras irregulares como subsidios, falta de registros oficiales y transparencia limitada en procesos administrativos y de transición, situación que deja a las comunidades en riesgo ante demandas millonarias.
Ante este escenario, el alcalde hizo un llamado al Gobierno central y organismos internacionales para que apoyen al municipio, a fin de garantizar que los recursos municipales no queden bloqueados y se puedan continuar ofreciendo servicios esenciales a los habitantes.
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