Tegucigalpa. La emisión del Decreto Ejecutivo PCM 38-2025 dejó al descubierto una situación crítica de liquidez en las finanzas públicas, al ordenar a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) la recuperación inmediata de todos los saldos no utilizados que mantienen las instituciones del sector público, con el propósito de atender compromisos urgentes del Estado.
La disposición instruye a que dichos recursos sean reintegrados a la Cuenta Única de la Tesorería (CUT), centralizando la disponibilidad de efectivo bajo control del Ejecutivo y reduciendo el margen operativo de las entidades públicas, en un contexto marcado por presiones financieras acumuladas.
La expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, Amparo Canales, expresó que “este fue un decreto del 16 de diciembre donde se instruye a las instituciones la devolución de recursos no comprometidos ni devengados, esto refleja dos situaciones, en primer lugar, ese cierre apresurado y la falta de liquidez para ejecutar este cierre 2025”.
“Como sabemos no se aprobaron más de 8 mil millones de financiamiento previsto, aquí ponen en riesgo programas y proyectos pendientes de ejecutar», enfatizó.
Por otra parte aseguró que la medida »refleja debilidad en la planeación presupuestaria al no ejecutar en los tiempos previstos estos recursos y lo que buscan es poder generar mayor espacio de recursos para atender compromisos que ya tienen y evitar dejar esa deuda flotante que actualmente se estima en 30 mil millones de lempiras”, agregó la experta.
Presión sobre la caja y falta de recursos
El propio decreto reconoce de forma implícita que el Gobierno enfrenta una estrechez severa de caja, resultado de una combinación de factores que han erosionado de forma acelerada el espacio fiscal. Entre ellos figuran emergencias climáticas, el impacto de la crisis migratoria, embargos judiciales, la no aprobación de préstamos por parte del Congreso Nacional, rescates financieros y atrasos en transferencias a municipios y desde empresas estatales.
Según el Considerando 9 del PCM 38-2025, el desbalance financiero supera los 20,000 millones de lempiras, una cifra que refleja la magnitud del problema fiscal que enfrenta la Tesorería Nacional.
El decreto detalla que más de 4,000 millones de lempiras han sido ejecutados mediante embargos judiciales directamente contra la CUT, mientras que 8,197 millones de lempiras corresponden a préstamos de apoyo presupuestario que no han sido aprobados por el Congreso.
A ello se suman más de 6,700 millones de lempiras utilizados en el rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 431 millones de lempiras que la Empresa Nacional Portuaria dejó de transferir por incumplimientos de su operadora privada y más de 2,500 millones de lempiras en transferencias municipales atrasadas.
El Considerando 10 agrega que los gastos extraordinarios derivados de la atención de emergencias y otros compromisos no cuantificados han terminado por reducir al mínimo la capacidad de maniobra fiscal del Gobierno.
Qué fondos se recuperan
El Artículo 4 del decreto define como recursos financieros no utilizados aquellos saldos de caja depositados en cuentas bancarias del Banco Central de Honduras, la banca nacional y subcuentas de la CUT, financiados con recursos del Tesoro Nacional o con fondos propios de las instituciones del Sector Público No Financiero.
Con esta definición, SEFIN queda facultada para concentrar dichos recursos, siempre que no estén comprometidos legal o contractualmente, reforzando el control central del flujo de caja del Estado.
Destino prioritario de los recursos
De acuerdo con el Artículo 3 del PCM 38-2025, los fondos recuperados deberán destinarse de forma prioritaria a infraestructura vial estratégica, construcción y equipamiento hospitalario, así como a la compra de medicamentos e insumos médicos esenciales.
El Ejecutivo sostiene que la medida es temporal, legal y necesaria, y que busca optimizar recursos ya existentes sin recurrir a nuevo endeudamiento.
Advertencias de expertos
Liliam Rivera, directora de Gobernanza Económica de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), y el economista Roberto Lagos, coincidieron en que los recursos recuperados estarían orientados principalmente al pago de deuda flotante.
Rivera expresó preocupación por el decreto, al considerar que evidencia improvisación y opacidad en el manejo de las finanzas públicas en la etapa final del actual gobierno. También cuestionó que durante el año se hayan priorizado gastos con fines clientelares —como aumentos salariales, transferencias discrecionales, mayor gasto militar y publicidad oficial— en detrimento de áreas sensibles como salud y educación.
La experta advirtió que la deuda flotante ya supera los 24,000 millones de lempiras, el doble del promedio registrado entre 2019 y 2021, lo que representa una carga significativa para la próxima administración y debilita la credibilidad financiera del Estado.
En ese sentido, la ASJ instó al Gobierno a mantener disciplina fiscal, transparencia y apego a la legalidad durante el proceso de transición, evitando asumir nuevos compromisos sin respaldo financiero.
Centralización y mensaje político
El PCM 38-2025 no solo refuerza el poder de SEFIN sobre la Tesorería General, sino que también obliga a publicar los montos reintegrados, las modificaciones presupuestarias y el avance de los proyectos financiados, bajo advertencia de sanciones administrativas, civiles y penales.
Analistas coinciden en que el decreto envía un mensaje político y fiscal contundente: la Tesorería Nacional opera al límite, y el Gobierno se ve forzado a administrar la escasez para cumplir con obligaciones básicas, mientras persistan el bloqueo legislativo y el alto costo de las obligaciones estatales.
En los hechos, concluyen, la medida no resuelve el problema estructural de las finanzas públicas, sino que confirma un cierre de gestión bajo un esquema de emergencia fiscal.
Facebook
X
WhatsApp
Telegram
