VIDEO: Ramiro Muñoz no se anduvo con rodeos: “Con L300 mil en mano, buscan corromper a los guardias de las prisiones”

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Tegucigalpa. El director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Ramiro Muñoz, fue contundente al aceptar públicamente que uno de los mayores desafíos en las cárceles hondureñas no solo proviene de los privados de libertad, sino del propio personal penitenciario. Según él, el sistema carcelario está bajo constante amenaza, no solo por maras, pandillas y narcotraficantes, sino por la corrupción interna que permite el ingreso de drogas, armas y teléfonos móviles.

“Nosotros vamos a estar luchando todo el tiempo con el tráfico que se da adentro, porque quien mete lo ilícito tiene que ser personal penitenciario”, aseguró Muñoz, en una reunión sostenida este lunes con defensores de derechos humanos.

El funcionario señaló que las ofertas económicas que reciben los agentes penitenciarios por parte de estructuras criminales son tentadoras, comparadas con su salario base.

“Un agente gana 17 mil lempiras, pero vienen estos y ofrecen 300 mil lempiras por meter un celular. Solo queda luchar contra nosotros mismos”, lamentó.

En esa misma línea, reveló que más de 20 agentes penitenciarios ya han sido privados de libertad por intentar cometer actos ilícitos dentro de los centros penales.

Durante el encuentro con representantes de derechos humanos, el general Muñoz detalló que las nuevas medidas de seguridad incluyen la separación de grupos delictivos dentro de los penales, especialmente en los de máxima seguridad.

“La distribución ha sido socializada. Tenemos nuevas construcciones. Maras y pandillas deben estar separadas. Narcotraficantes estarán en un solo espacio en Ilama. Los extorsionadores y violadores también estarán en áreas específicas”, explicó.

Además, enfatizó que los controles actuales han impedido el ingreso de armas y drogas, aunque reconoció que las estructuras criminales siguen ideando formas para burlar a las autoridades, muchas veces a través de la compra de conciencias dentro del mismo sistema penitenciario.

“Creen que comprando conciencias van a pasar por encima de la ley, pero los controles no lo han permitido”, recalcó.

Las autoridades sostienen que esta reorganización busca reducir los niveles de violencia, proteger la vida de los internos y evitar alianzas peligrosas entre grupos criminales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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