REDACCIÓN. La vicepresidenta de la Asociación Moskitia Asla Takahka (Masta), Mirna Wood, lanzó una fuerte advertencia al jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, al asegurar que, si persiste en su intento de construir una cárcel de máxima seguridad en el departamento de Gracias a Dios, expulsarán al batallón instalado en el Morocón.
#NOTICIAS247 | ¡LA MOSQUITIA SE LEVANTA!
VIDEO/ La profesora #MirnaMejía, vicepresidente de #Masta, se enfrenta directamente al general #RooseveltHernández, asegurando que no tiene autoridad para construir una cárcel de máxima seguridad en #Mocoron .
«Primero se va el batallón,… pic.twitter.com/BObEHuHL3O— Noticias 24/7 HN (@noticias247hn) November 28, 2024
Wood recordó que el escuadrón militar se encuentra en la zona debido a que el pueblo y los ancestros lo permitieron.
“Está un batallón aquí porque los ancianos, mi pueblo y los ancestros lo permitieron, pero eso no le autoriza a usted a llevar una cárcel de máxima seguridad”, dijo Wood.
Instó al jefe de las Fuerzas Armadas a decidir si continuará con el batallón en Morocón o si, por el contrario, el batallón se irá junto con la cárcel que él desea construir.
“General Roosevelt, usted decide la continuidad del batallón en Morocón o se va junto con la cárcel que quiere construir, porque mi pueblo no va a permitir la construcción de una cárcel para llevar reos de alto peligro a la Mosquitia”, advirtió.
Recalcó que tanto Hernández como la titular de la Secretaría de Seguridad, Rixi Moncada, irrespetaron a los ancestros y al pueblo al ingresar al terreno sin su consentimiento.
La indígena cuestionó al jefe de las Fuerzas Armadas por estar plegado a los intereses del gobierno, subrayando que no tiene el permiso ni la autorización para construir la cárcel.
Además, instó a ambos altos funcionarios a leer los convenios internacionales y no actuar movidos por la ignorancia, ya que su proceder evidencia un desconocimiento de los tratados internacionales que Honduras ha ratificado.
CONCEJO TERRITORIAL RECHAZA CONSTRUCCIÓN DE CÁRCEL
Por su parte, el Concejo Territorial Indígena Ravaka, que representa a los cuatro pueblos indígenas de la Mosquitia, se pronunció en total desacuerdo con la propuesta de construir una cárcel en el departamento de Gracias a Dios. Argumentaron que la decisión “no solo es injusta, sino que también amenaza nuestra cultura, nuestro medio ambiente y el bienestar de nuestra comunidad”.
A través de un comunicado, el consejo indígena expuso que la construcción del recinto violenta los derechos territoriales, pues “se realiza sin el consentimiento libre, previo e informado de nuestra comunidad, ignorando nuestro derecho legítimo a decidir sobre el uso de nuestras tierras, tal como lo estipulan convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT”.
El consejo destacó que la tierra no es solo un recurso, sino el fundamento de su identidad y espiritualidad. La construcción de esta cárcel significaría una agresión directa a sus espacios sagrados, a la biodiversidad y a la armonía de su territorio.
Asimismo, subrayaron las negativas consecuencias que traerá la construcción de la cárcel a la comunidad.
“Una cárcel trae consigo riesgos de inseguridad, estigmatización y ruptura de la paz en nuestras comunidades, alterando las relaciones sociales que hemos cuidado durante generaciones”, señaló el comunicado.
La organización indígena argumentó que el proyecto no responde a las necesidades de la comunidad, priorizando intereses externos sobre el bienestar de la población.
En este contexto, pidieron que se respete la autodeterminación como pueblo indígena y exigieron un diálogo genuino con las autoridades, en el que se escuche la voz de los dueños del territorio.
Rayaka reafirmó su compromiso con “la defensa de nuestro territorio, nuestra cultura y nuestra gente. No permitiremos que se impongan decisiones que atenten contra nuestra existencia y nuestros derechos colectivos”.
“Las tierras de los pueblos indígenas de la Mosquitia no son para construir cárceles, y rechazamos toda clase de colonización por parte del Gobierno de Honduras”, agregaron.
RESPETO A CONVENIOS INTERNACIONALES
En el comunicado, se destacó que la construcción de la cárcel contradice normativas internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas.
La construcción de una cárcel en estos territorios sería un acto de despojo, violación de derechos y una afrenta a la dignidad de los pueblos indígenas. Exigimos el respeto pleno de nuestra autonomía, nuestras tierras y nuestras culturas, en consonancia con los principios fundamentales del derecho internacional, aseguraron.
Destacaron que la idea de ubicar una cárcel en territorios indígenas no solo constituye una forma de colonización moderna, sino también una amenaza directa para las culturas, el entorno natural y la autodeterminación de estos pueblos.
En el comunicado, citaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), específicamente el artículo 10, que establece que “ningún pueblo indígena podrá ser trasladado de sus tierras o territorios sin su consentimiento libre, previo e informado”.
También mencionaron el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), que fue ratificado por numerosos países. Este tratado pacta que los pueblos indígenas deben ser consultados en cualquier proyecto que afecte sus tierras y modos de vida.
“Los pueblos interesados deben ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas”, determina el artículo 6 del convenio.
