TEGUCIGALPA. Algunos abogados defensores denunciaron este día, que sus “clientes” resultaron víctimas de una agresión por parte de agente s dela Policía Militar de Orden Público (PMOP) en la cárcel de Támara, por lo que fueron señalados de violadores de derechos humanos.
Sin embargo el coronel Ramiro Muñoz, comandante de la PMOP y a la vez, coordinador de la interventora de centros penales dio una versión distinta de los sucesos al interior del recinto penitenciario.
“¿Qué hicimos hace un tiempo para evitar muchas cosas que nosotros ya sabemos y que han querido controlar en los centros penales? Sacamos a todos estos privados de libertad que están privados de libertad por narcotráfico y los tenemos en un solo módulo, En Támara, lógicamente, esto crea un montón de dolores de cabeza para un montón de personas”.
“Lo que sucedió aquí es simple. La ley nos obliga a nosotros que haya teléfonos públicos donde puedan llamar a los privados de libertad, pero son llamadas controladas. Si alguien utiliza un teléfono público para enviar cualquier mensaje, ya sea de extorsión o sea de otro tipo, donde se cometa un ilícito, no tengo yo la obligación de dejarle los teléfonos ahí”, dijo.
“Entonces, yo le ordené al director del centro penal que quitara que retirara los teléfonos. No podemos estar cometiendo ilícitos nosotros, colocándole también las herramientas a un privado de libertad para que pueda cometer los ilícitos desde allí”.
“Al momento que el oficial iba a quitar los teléfonos, empezaron a golpear las puertas, inclusive diciendo que el coronel Muñoz estaba a favor ¡no sé de quién! Yo no estoy a favor de nadie, no me interesa estar a favor de nadie, y empezaron a romper las celdas y a romper los candados”.
“Entonces, esto es simple. Si alguien rompe una celda, rompe los candados y sale, el procedimiento que está establecido en un centro penal es no tener contacto con ese privado de libertad, si no haciendo uso del gas lacrimógeno para evitar el contacto, porque lo que queremos evitar es que haya un golpe de un policía militar sobre un privado de libertad”.
“Pero si no se controla con el gas, los agentes penitenciarios y los policías militares que están, simple y sencillamente los van a hacer que ingresen de nuevo durante ese proceso ¿qué es lo que ellos utilizan? El tolete, como conocemos en Honduras, para ingresarlo; en cualquier parte del mundo es lo que se hace”.
“Nosotros no podemos permitir que en estos tiempos se siga violentando la autoridad y que estas personas quieran hacer lo que quieran. En este tiempo no es así. Y yo, con todo el respeto, no se lo voy a permitir”.
“Nosotros estamos claros del respeto a los derechos humanos, del respeto a la persona humana; pero algo vital es el respeto a la autoridad. Nadie está sobre la autoridad, entonces, esos son los problemas que han pasado”, manifestó.
En cuanto a la denuncia de una supuesta agresión de parte de los oficiales, de la que habrían sido objeto los reclusos incluso el portorriqueño, Gilbert Reyes, el militar cuestionó.
“¿Qué es una agresión? ¿A qué le llaman agresión a ellos? ¿A que los vuelvan a meter en la celda? ¿Es una obligación hacerlo?”.
“Privado de libertad, un módulo o celda donde se haya subordinado un privado de libertad lo van a hacer que ingrese a la celda de nuevo, haciendo uso de los medios que legalmente están establecidos para hacer ese tipo de procedimiento”.
“Ahí no hay un disparo, ahí no hay un arma blanca. Si alguien se gana ahí, un toletazo, como dicen en el pueblo, mire, eso va a suceder en cualquier parte del mundo si alguien no respeta la ley. Sabe que nosotros permitimos que el mismo día en la mañana ingresaran todos los entes de derechos humanos, todos fueron”.
“Yo solo espero, cuando hablemos de derechos humanos, hablemos de justicia, hablemos de igualdad, no hablemos de preferencias, ni de nadie que trabaje para una organización (criminal). O sea, estoy claro, derechos humanos es respetar la persona humana, no trabajar para ninguna otra organización”.
“Entonces, ¿se permitió eso? Inclusive, el Ministerio Público envió a todas estas personas privadas de libertad se quejaron a Medicina Forense para que le hicieran el examen. Esta es la garantía si a alguien se le violentó o no se le violentó o se le golpeó”, finalizó el coordinador de la interventora de centros penales y comandante de la PMOP.
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