VIDEO: Mientras gobierno presume “lucha ambiental”, el país arde y la impunidad crece, según ASJ

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Tegucigalpa. El discurso oficial sobre la lucha contra el cambio climático sigue sin traducirse en acciones contundentes. Así lo advirtió este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), al presentar su más reciente informe Estado de país: Cambio climático, en el que señala que las contradicciones en la gestión ambiental del gobierno no solo debilitan su credibilidad, sino que agravan la crisis ecológica que vive Honduras.

La realidad es preocupante: Honduras se mantiene como el tercer país más vulnerable del planeta ante fenómenos climáticos extremos, y en 2024 esa vulnerabilidad  manifestó con la ASJ.

Solo ese año, se reportaron 3,170 incendios forestales que devastaron 296,789 hectáreas de tierra, una superficie comparable a más de 313 mil canchas de fútbol. Las zonas más afectadas fueron Francisco Morazán, Olancho y Gracias a Dios.

Además, la tormenta Sara dejó más de 250 mil personas damnificadas, mientras que las temperaturas extremas del verano causaron al menos nueve muertes en la zona sur. Por si fuera poco, el país alcanzó el 3 de mayo el nivel más alto de contaminación del aire en todo el continente, según el Índice de Calidad del Aire de IQAir.

A pesar de estos desastres, el país sigue perdiendo cerca de 50 mil hectáreas de bosque por año, mientras los programas de reforestación avanzan a paso lento.

Aunque el gobierno ha destinado más de 3,100 millones de lempiras para este fin y prometió restaurar 1.3 millones de hectáreas de bosque como parte del Acuerdo de París, hasta la fecha solo se han intervenido 62,500 hectáreas, lo que representa apenas el 4.8 % de lo prometido. La Estrategia Cero Deforestación, lanzada en 2024, solo ha cumplido cinco de las 18 metas establecidas en su primer año. Peor aún, propuestas como la construcción de una cárcel de máxima seguridad en una zona protegida generaron duras críticas y fueron catalogadas como una amenaza ambiental inaceptable.

El acceso a la justicia en temas ambientales también es casi inexistente. De los 966 delitos ambientales registrados en 2024, solo 56 han terminado en sentencia. Esto refleja una impunidad del 94 %, en parte porque la Fiscalía Especial del Medio Ambiente apenas recibe el 0.6 % del presupuesto del Ministerio Público. La gravedad de esta omisión quedó en evidencia con el asesinato del defensor Juan López, ocurrido en septiembre. Aunque se detuvo a tres sospechosos, la OACNUDH ha señalado que aún no se han identificado los autores intelectuales del crimen.

La ASJ concluyó su informe haciendo un llamado firme al gobierno: pasar del discurso a los hechos. Urge frenar la destrucción del bosque, garantizar la participación de las comunidades en decisiones ambientales, proteger la vida de quienes defienden el territorio y asegurar que los delitos no queden sin castigo. De lo contrario, hablar de cambio climático seguirá siendo un acto de simulación.

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