A más de tres años de gestión del actual gobierno, las promesas en materia de seguridad y justicia continúan sin cumplirse.
Tegucigalpa. Así lo señala el informe Estado de País 2025, Seguridad y Justicia, presentado este martes por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ). Según el análisis, de los ocho principales compromisos incluidos en el plan de gobierno para refundar Honduras, solo uno ha sido cumplido, dos están en proceso y cinco siguen sin cumplirse.
Entre las promesas incumplidas destacan la desmilitarización de la seguridad ciudadana, la derogación de leyes que favorecen la impunidad y el fortalecimiento del sistema de justicia.
El informe detalla que, a pesar de un incremento del presupuesto para la Secretaría de Seguridad y Defensa en un 61% y 18.7% respectivamente, los problemas de criminalidad y violencia persisten con fuerza.
La ASJ subraya que, aunque el dinero destinado a la seguridad ha aumentado, la falta de estrategias efectivas sigue siendo el principal obstáculo. A esto se suma la extorsión, que sigue siendo uno de los delitos más graves para las familias hondureñas.
Según el estudio, en 2024, el 11.6% de la población reportó haber sido víctima de este delito, afectando principalmente a los departamentos de Intibucá, Atlántida, Colón, Choluteca, Francisco Morazán y Cortés.
A pesar de la implementación del estado de excepción en diciembre de 2022 como parte de la guerra contra la extorsión, esta medida ha sido objeto de críticas debido a la prolongación de la misma y las restricciones a derechos fundamentales, lo que ha provocado más de 700 denuncias contra agentes del orden público. Además, la ASJ alerta que esta estrategia pone en riesgo la democracia en el contexto del proceso electoral de 2025.
El informe también señala otro dato alarmante: el incremento del 165% en las denuncias por lavado de activos, con un índice de impunidad del 89%. Este panorama se complica aún más con la crisis derivada de la denuncia al tratado de extradición con Estados Unidos, suspendido hasta inicios de 2026, lo que evidencia la injerencia política en decisiones claves del gobierno, afectando al Estado de Derecho y a la lucha contra el crimen organizado.
En cuanto a la violencia, aunque la tasa de homicidios en 2024 ha descendido a 25 por cada 100,000 habitantes, la ASJ recalca que Honduras sigue teniendo la tasa más alta de Centroamérica, con una impunidad del 91% en los homicidios. Además, la violencia homicida ha tomado nuevas formas, con un fenómeno creciente de muertes múltiples que ha dejado 127 muertes entre 2022 y 2024, y 46 víctimas en 2025 a consecuencia de 13 masacres, lo que refleja un aumento del 160% respecto al mismo periodo de 2024.
El informe también señala el aumento en los delitos contra la niñez, con un incremento de 98% en las denuncias de abuso infantil en 2024, además de una impunidad del 92%. Por otro lado, la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave, con una mujer asesinada cada 29 horas entre 2022 y 2024, y una impunidad del 86% en estos casos en 2024.
Ante este panorama, la ASJ hace un llamado urgente al gobierno para que cumpla con sus promesas en materia de seguridad y justicia, tal como lo estableció en su plan de gobierno.
La organización insta a sustituir el estado de excepción por una estrategia de seguridad integral y sostenible, basada en inteligencia policial, el fortalecimiento del Ministerio Público y el Poder Judicial, así como en inversión en prevención del delito.
#NOTICIAS247HN | 🚨 ¿Dónde están los resultados en seguridad y justicia?
VIDEO | La ASJseñala que entre 2022 y 2024 se han asignado L 88,100.6 millones a las instituciones encargadas de la defensa, seguridad y justicia en Honduras. A pesar de esta importante inversión, los… pic.twitter.com/6ZeMawa9hi— Noticias 24/7 HN (@noticias247hn) April 1, 2025
