En el transcurso de la audiencia, el juez encargado del caso destacó que no se ha autorizado el vaciado telefónico del celular de la fiscal que lideró el allanamiento en la vivienda de López Rodríguez. Según el juzgado, lo que se autorizó fue una extracción y análisis de videos almacenados en dicho dispositivo móvil. «No se ha solicitado un vaciado telefónico, sino simplemente la revisión de los videos de ese celular,» indicó el juez.

El 8 de abril de 2025, el perito encargado de realizar la extracción y análisis fue juramentado, y la defensa de López Rodríguez pidió una ampliación de la pericia, solicitando detalles sobre el envío de los videos, como fechas, horarios y el método utilizado. De acuerdo con los abogados defensores, esto tiene como fin aclarar cualquier duda sobre la validez de los materiales presentados como prueba.

En este sentido, López Rodríguez dejó claro que no se trata de un tema relacionado con el vaciado del teléfono, sino con los procedimientos de envío de los videos. «Lo que pedimos es saber cómo y cuándo se enviaron esos videos,» aseguró uno de los abogados de la defensa.

La audiencia continúa su desarrollo, y se espera que el testimonio del perito encargado de la extracción y análisis de los videos sea fundamental para la resolución del caso. Si surgen dudas en cuanto a la validez de su testimonio, se podrá solicitar un nuevo peritaje.

Horas antes de su aparición en el tribunal, Esdras Amado López Rodríguez ofreció declaraciones contundentes, denunciando que el proceso judicial en su contra es parte de una «persecución política» liderada por el gobierno de Xiomara Castro y Mel Zelaya. López Rodríguez insistió en que las acusaciones en su contra están basadas en pruebas falsas y en documentos adulterados.

«Vengo aquí a demostrar que esto es una persecución política. Lo que está pasando con mi caso es un ataque sistemático del gobierno para dañar a la oposición. El Ministerio Público ha falseado todo, y los medios de comunicación fueron testigos de las irregularidades cometidas,» expresó López Rodríguez.

Además, negó las acusaciones de maltrato familiar, asegurando que el asunto se había convertido en un tema político y que su relación personal había sido manipulada para fines políticos. «Las cosas privadas se resuelven en casa. Este es un problema que se convirtió en político y voy a demostrar que el gobierno está utilizando el poder judicial para perseguir a la oposición,» afirmó el acusado.

En cuanto a su situación familiar, López Rodríguez se mostró firme en que la denuncia de su esposa, Milagro González, debe ser tratada en un contexto privado y no ha sido una razón válida para convertirla en un asunto político.