“La inclusión de este libro no busca formar ciudadanos críticos, sino fabricar adeptos. En lugar de enseñar, a analizar textos, se entrena a repetir consignas”, expresó Castellanos, visiblemente preocupada por lo que considera una deriva autoritaria en la política educativa nacional.

La abogada señaló que la medida impuesta mediante el Decreto Ejecutivo PCM 14-2025 convierte a las escuelas públicas en “fábricas de propaganda” y a los estudiantes en “rehenes ideológicos”. Castellanos afirmó que la educación debe ser el pilar de una sociedad libre y democrática, no una herramienta para adoctrinar a las futuras generaciones.

“Con la inclusión del libro ‘El Golpe 28J’ en la Cátedra Morazánica, nos secuestran la educación pública para imponer su dogma político”, declaró Castellanos. A su juicio, se está distorsionando la figura histórica de Francisco Morazán, utilizando su legado como justificación para difundir una narrativa oficialista que busca acallar el pensamiento independiente.

Castellanos hizo una comparación contundente entre lo que sucede en Honduras y lo que ocurrió en regímenes autoritarios del siglo XX. “Esta es una historia repetida. En la Alemania nazi, el libro Mi Lucha se convirtió en lectura obligatoria. En Cuba, el sistema educativo ha sido usado por décadas para inculcar una ideología. En Corea del Norte, las aulas se han convertido en templos del culto al régimen”, advirtió.

La directora del CNA considera que esa misma estrategia está siendo replicada por el actual gobierno hondureño, liderado por el Partido Libertad y Refundación (Libre). “Cuando los ideólogos de esta administración deciden qué debe leerse, no están protegiendo la cultura, están matando el pensamiento”, sostuvo.

Castellanos subrayó que imponer una visión única desde la educación contradice los principios democráticos y el respeto a la diversidad de pensamiento. Afirmó que se está utilizando el poder estatal para promover una narrativa conveniente al oficialismo, sin un debate abierto ni participación de los padres de familia ni de la comunidad educativa.

La denuncia de Castellanos se suma a la ola de críticas expresadas por organizaciones civiles, docentes y padres de familia que exigen la derogación inmediata del PCM 14-2025 y advierten que tomarán acciones legales y sociales para frenar lo que consideran un abuso de poder.