Tegucigalpa. La Supervisora General de Tribunales de Justicia, Sandra Rodríguez, presentó este jueves un informe detallado a la titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando, tras la intervención realizada al Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente. La intervención, que se llevó a cabo el pasado 18 de agosto de 2024, resultó en la revisión de más de mil expedientes y en la apertura de investigaciones sobre diversas irregularidades.
Rodríguez explicó que durante la intervención se revisaron un total de 1,068 expedientes, de los cuales 701 correspondían a requerimientos fiscales y 103 a diligencias previas. Tras la revisión exhaustiva, la supervisora ordenó de manera oficiosa la apertura de investigaciones en 12 casos específicos, relacionados con presuntas violaciones a la reforma procesal vigente, especialmente en lo que respecta a la concesión de medidas cautelares que no son de prisión preventiva.
Entre las denuncias más destacadas, Rodríguez señaló el otorgamiento de medidas cautelares contrarias a la ley, lo que podría involucrar a un número igual de funcionarios judiciales. La investigación apunta a determinar las responsabilidades de estos funcionarios por acciones u omisiones en el proceso judicial.
El informe también reveló 17 puntos de especial atención, los cuales fueron presentados a la magistrada presidenta Rebeca Raquel Obando, acompañados de 19 recomendaciones para evitar futuras irregularidades. Entre las situaciones más graves identificadas se incluyen la otorgación de garantías hipotecarias que no fueron inscritas a favor del Estado de Honduras, así como el retardo injustificado en la remisión de recursos interpuestos a la Corte de Apelaciones con competencia nacional.
Rodríguez señaló que la demora en el señalamiento de audiencias preliminares, que derivó en el vencimiento de la prisión preventiva, constituye otro factor de preocupación, ya que ello pudo haber puesto en riesgo la permanencia en prisión de imputados por delitos graves.
Además, la Supervisora General informó que, como parte de las acciones correctivas, se nombró a un nuevo coordinador para el circuito anticorrupción, quien ya se encuentra en funciones. También se recomendó la rotación del personal y la redistribución de las cargas laborales en los cinco despachos judiciales que operan en la sede judicial, con el fin de optimizar el funcionamiento y evitar nuevos errores procesales.
El informe subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de control dentro del sistema judicial, con el objetivo de garantizar que los casos de criminalidad organizada y corrupción sean tratados con la debida diligencia y que se respete la ley en todas las fases del proceso.
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— Noticias 24/7 HN (@noticias247hn) February 13, 2025