Video: Dictan medidas cautelares a exsecretario y a otros exfuncionarios de Copeco

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TEGUCIGALPA. El Juzgado Penal en Materia de Corrupción en resolución de Audiencia de Declaración de Imputado dicta medidas cautelares para los cuatro exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), incluyendo a Gabriel Alfredo Rubí Paredes; todos acusados de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.

La audiencia inicial fue programada para el 10 de este mes a las 9:00 de la mañana. Unas horas antes de dar a conocer esa resolución, Rubí Paredes, exsecretario de Copeco, ofreció un inmueble valorado en más de cinco millones de lempiras, informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

“El señor Rubí ofreció un bien inmueble, se refería a una vivienda valorada en un poco más de cinco millones de lempiras, haciendo referencia a su defensa que lo estipulado en este requerimiento fiscal son cuatro millones de lempiras, por lo tanto, esto como garantía lo que  involucra al investigado, en tal sentido tiene que ser admitida o rechazada por el juez”, expresó Silva.

En caso de ser denegada por el togado, explicó que el exfuncionario deberá ir a prisión.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) solicitaron mediante requerimiento fiscal orden de captura contra Rubí Paredes.

Además, se libró orden de captura contra Gustavo Adolfo Cruz Gómez, ex subcomisionado de la misma institución y Cristian Elías Santeli, exadministrador, a quienes se les supone responsables como autores directos de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.

La acción que fue interpuesta en el circuito de juzgados anticorrupción, establece que los exfuncionarios en el marco de un decreto de emergencia el 10 de febrero del ario 2020, solicitaron la construcción de un centro de triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax, el cual, según la investigación, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias, sin embargo, se suscribió un contrato por más de cuatro millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.

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