Solís destacó que la situación actual refleja una importante disminución en los incendios, pero aclaró que no se pueden comparar ambos años debido a las diferencias climáticas. «El año pasado, el país estuvo bajo los efectos del fenómeno del Niño, lo que causó temperaturas muy altas y escasas lluvias. Nuestros bosques eran mucho más vulnerables, y los incendios tenían un mayor alcance», explicó.

Sin embargo, advirtió que aún persisten incendios con características de ser provocados de manera deliberada. «Por el comportamiento y la forma de inicio de los incendios, se puede identificar que en áreas como el municipio de Ojojona, y el sector de Montañita, en Vía Vieja, los incendios son criminales. Este tipo de incendios buscan degradar el bosque para poder desarrollar proyectos urbanísticos», señaló Solís. Además, comentó que aún no ha comenzado la temporada de quemas agrícolas o ganaderas, que también son causas comunes de incendios en la región.

El director del ICF también subrayó que, según el decreto legislativo del año anterior (decreto 18, serie 18-20-24), cualquier terreno que haya sido afectado por un incendio forestal no podrá ser utilizado para proyectos agrícolas, urbanísticos o industriales durante los próximos 50 años. «Es importante que las personas que pretenden desarrollar proyectos urbanísticos en áreas afectadas por incendios comprendan que existe una base de datos satelital que garantiza el cumplimiento de esta normativa», explicó.

En cuanto a los esfuerzos gubernamentales para combatir los incendios, Solís destacó que se han destinado más de 400 millones de lempiras en medidas de prevención, combate y atención de incendios forestales. «El gobierno ha invertido cerca de 80 millones de lempiras a través del ICF, y con los fondos adicionales del programa Padrón del Tamayo, la inversión total supera los 400 millones de lempiras», indicó. Solís destacó que estos recursos se han utilizado en logística, capacitación y contratación de personal para garantizar la respuesta oportuna ante los incendios.