Según los elementos probados, hubo pago o recompensa remuneratoria, por lo que según el artículo I 1 7 de este código puede imponerse «una pena de 30 años a privación de por vida de la libertad».

Tegucigalpa. El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió por mayoría de votos (11 a 4) modificar el grado de participación de Sergio Ramón Rodríguez Orellana en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en marzo de 2016. A través de un Recurso de Casación interpuesto por su defensa, la CSJ reconsideró su rol en el crimen, pasando de ser considerado “coautor” a “inductor”. A pesar de este cambio, la pena de 30 años de prisión impuesta a Rodríguez Orellana se mantiene, conforme al Código Penal hondureño.

 

¡Justicia para Berta!
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia confirman la condena a Sergio Rodríguez, exgerente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) como “inductor” en el crimen de la ambientalista Berta Cáceres.

Por mayoría de votos (11 a 4), se determinó que su rol pasó… pic.twitter.com/s6jHEsH1Jm

— Noticias 24/7 HN (@noticias247hn) February 8, 2025

El fallo judicial establece que la figura del inductor, aunque modificada, se equipara a la del coautor en términos de responsabilidad penal. Según el Código Penal, un inductor es aquel que, con su influencia, lleva a otros a cometer el delito. En este caso, la CSJ determinó que Rodríguez Orellana, exgerente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fue el responsable de incitar a los ejecutores materiales del asesinato de Berta Cáceres, ofreciendo una compensación económica por su participación.

Las pruebas presentadas ante la CSJ confirmaron que existió una recompensa monetaria por el asesinato, lo que justifica la condena de 30 años de reclusión, según lo estipulado en el artículo 117 del Código Penal. Este artículo establece que el inductor de un crimen puede ser sancionado con penas que van desde los 30 años hasta la privación de libertad de por vida. En este contexto, Rodríguez Orellana fue considerado responsable de incentivar a los autores materiales a llevar a cabo el crimen a cambio de una recompensa.

Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su residencia en La Esperanza, Intibucá. Cáceres se había destacado por su liderazgo en la defensa de los derechos de las comunidades lencas y por su oposición a los megaproyectos extractivistas, particularmente el proyecto hidroeléctrico de la empresa DESA. Su asesinato fue un acto directo de represalia contra su lucha ambientalista.

En 2018, siete personas fueron condenadas por su muerte, entre ellas ejecutores materiales, intermediarios y exmilitares. La resolución tomada hoy por la CSJ reafirma la implicación de Sergio Rodríguez Orellana en el asesinato, como inductor del mismo. Con esta decisión, se confirma la continuidad de la condena y se cierra una etapa más en el proceso judicial relacionado con el asesinato de la líder indígena.