VIDEO | Conflicto agrario en el Bajo Aguán mantiene bloqueada la carretera CA-13

Video Conflicto Agrario En El Bajo Aguan Mantiene Bloqueada La Carretera Ca 13
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Colón. Siguen las tensiones en el Bajo Aguán, donde el enfrentamiento armado entre pobladores de Quebrada de Arena, campesinos de la Plataforma Agraria y la misma policía, ha alcanzado una crisis en la que ya se reportan heridos, esto en un intento por recuperar la finca Tranvía. Este martes las acciones de protesta continúan con el bloqueo de la carretera CA-13 en esta comunidad lo que agrava la crisis en la región del Bajo Aguán.

Y es que el conflicto agrario entre pobladores, campesinos de la Plataforma Agraria y grupos armados insurgentes alcanzó niveles críticos, lo que ha dejado la principal vía de comunicación hacia Trujillo, Colón, completamente cerrada.

El bloqueo, que interrumpe el paso entre Tocoa y Trujillo, forma parte de las acciones de protesta que los pobladores han mantenido desde días anteriores, exigiendo la recuperación de la finca Tranvía. La disputa territorial, que ha estado latente durante años, se intensificó tras los violentos enfrentamientos en los que resultaron heridas tres personas, incluyendo un líder religioso de la Iglesia Católica.

Los campesinos, que ocupan la finca desde hace dos años, defienden su derecho a trabajar la tierra, mientras que los pobladores y grupos armados paralelos exigen la restitución de la propiedad.

INA

Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), confirmó que los choques fueron resultado de la confrontación entre los campesinos y los grupos armados insurgentes, que operan bajo la fachada de agrupaciones ganaderas. La propiedad de la finca ha sido cuestionada por ambas partes, dado que los campesinos han ocupado ilegalmente la tierra durante los últimos dos años.

El incidente también ha llamado la atención de defensores de derechos humanos, quienes temen que la situación continúe deteriorándose y podría llevar a un derramamiento de sangre. La presencia de armas en la zona, sumada al silencio del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ha generado inquietud entre líderes de la Iglesia, quienes piden una resolución pacífica y una intervención efectiva para evitar mayores consecuencias.

VOLUNTAD POLÍTICA

El abogado Ramiro Medina advirtió sobre la necesidad de una mayor intervención del gobierno en la resolución de los conflictos agrarios y territoriales que afectan al país. Según Medina, si las autoridades hubieran tomado medidas más efectivas y previas, la violencia podría haberse evitado.

Según Medina, el conflicto refleja una tendencia creciente de invasiones en diversas zonas del país, que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de las comunidades. En su opinión, estas situaciones violentas pueden evitarse si se actúa con anticipación y se implementan medidas de control más estrictas.

Medina también destacó el caso específico de Tela, donde al menos 500 nuevas invasiones han sido registradas. Este fenómeno, advirtió, está alimentando una espiral de violencia que podría derivar en un baño de sangre si no se toman medidas inmediatas para frenar el avance de estas tomas de tierras.

El abogado criticó abiertamente a la Comisión Agraria, ya que según él, ha demostrado ser ineficaz en la resolución de estos problemas. A pesar de haber trabajado durante tres meses en la elaboración de protocolos y planes para abordar las invasiones, Medina aseguró que dichos esfuerzos han quedado sin aplicación. «Todos esos protocolos fueron entregados a las autoridades correspondientes, pero están engavetados, esperando sin ser ejecutados», señaló el abogado, haciendo énfasis en que la falta de acción gubernamental ha sido un fracaso rotundo.

La falta de voluntad política, según Medina, es uno de los principales factores que contribuyen al recrudecimiento de los conflictos agrarios y territoriales. A pesar de que se ha prometido una solución expedita para los problemas relacionados con las invasiones, la situación sigue sin resolverse. El abogado mencionó que las autoridades se limitan a ofrecer soluciones superficiales, como la asignación de propiedades privadas, sin comprometerse a resolver las verdaderas causas del problema. «El gobierno no tiene interés real en frenar las invasiones ni en garantizar la protección de los derechos de los propietarios legítimos», afirmó Medina.

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