Tegucigalpa.  La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este viernes, por unanimidad de votos, el recurso de amparo interpuesto por la representación legal de la Iglesia Aposento Alto en contra de la organización religiosa Asambleas de Dios. La resolución incluye una suspensión del acto reclamado, lo que significa que, de momento, se congelan los efectos legales de las acciones en disputa entre ambas iglesias.

La medida judicial, calificada por los representantes de Aposento Alto como “una respuesta al atropello sufrido”, busca evitar perjuicios mientras se analiza a profundidad el fondo del conflicto. El recurso presentado se basa en la presunta violación de derechos constitucionales relacionados con la representación y el manejo del patrimonio eclesiástico, áreas que han generado fuertes tensiones entre las dos instituciones religiosas.

En manos de la Corte

Con esta admisión, la Sala de lo Constitucional abre un proceso de revisión detallada, donde se determinará si las decisiones tomadas previamente contra Aposento Alto vulneraron garantías establecidas en la Constitución de la República. Mientras tanto, la suspensión provisional otorga un respiro legal a la parte recurrente.

“La admisión del recurso no significa un fallo final, pero sí es un reconocimiento de que hay indicios suficientes de una posible violación constitucional. Es un paso clave para que la justicia escuche nuestra voz”, expresó uno de los abogados defensores de Aposento Alto.

Disputa religiosa con peso jurídico

Este conflicto ha captado la atención pública por tratarse de una pugna entre dos entidades religiosas reconocidas, ambas con influencia nacional. La controversia gira en torno a la administración de bienes, control de templos y derechos de representación ante las autoridades estatales y eclesiásticas.

La resolución, además, podría marcar un precedente legal en Honduras en cuanto a cómo se abordan las disputas internas entre organizaciones religiosas, sobre todo en lo que refiere a su relación con el Estado y el reconocimiento jurídico de sus estructuras administrativas.

Por ahora, ambas partes deberán esperar la resolución definitiva de la Sala, que podría tomar varias semanas o meses, dependiendo de la complejidad del caso y la carga procesal existente en la Corte Suprema.