VIDEO: ¡Al banquillo de los acusados! Exgenerales enfrentarán juicio por la muerte de Isy Obed Murillo

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Tegucigalpa. Los exgenerales en condición de retiro, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, quienes actualmente guardan prisión preventiva, deberán enfrentarse a la justicia hondureña en un juicio oral y público, luego de que Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, confirmara la resolución emitida este lunes por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa.

Castillo explicó que, tras celebrarse la audiencia preliminar, el juez que conoce la causa dictó auto de apertura a juicio oral y público en contra de ambos exoficiales, quienes están acusados por el delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa. Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2009 durante una protesta en las cercanías del aeropuerto Toncontín, donde murió el joven Isy Obed Murillo y resultó herido Álex Roberto Zavala.

Según el Ministerio Público, los militares actuaron de manera desproporcionada al utilizar armas de fuego contra los manifestantes.

Venancio Cervantes se desempeñaba en ese momento como subjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, mientras que Carlos Roberto Puerto ocupaba el cargo de comandante del Comando de Operaciones Especiales.

Cabe destacar que, en enero de este año los tres exgenerales; Cervantes, Puerto y Romeo Vásquez Velásquez; fueron capturados y presentados ante la justicia. En un inicio se le dictaron medidas sustitutivas a la prisión, entre ellas arresto domiciliario, pero semanas después, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó dicha resolución tras una apelación.

Ante el nuevo fallo, se ordenó que los imputados se presentaran nuevamente ante las autoridades judiciales. Solo Carlos Roberto Puerto y Venancio Cervantes lo hicieron voluntariamente y fueron enviados de nuevo a la Penitenciaría Nacional de Támara, donde permanecen recluidos.

En cambio, Romeo Vásquez Velásquez actualmente se encuentra prófugo de la justicia. En videos difundidos en sus redes sociales, ha asegurado estar escondido en una zona montañosa del país, argumentando que el proceso en su contra es parte de una supuesta persecución política.

Con esta resolución judicial, el caso vuelve a tomar fuerza en la agenda mediática, reactivando uno de los episodios más oscuros del golpe de Estado de 2009.

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