El viceministro del Instituto Nacional Agrario asegura que la diplomacia hondureña no ha fracasado, mientras crece la incertidumbre ante el posible retorno de miles de migrantes.
TEGUCIGALPA – Rafael Alegría, viceministro del Instituto Nacional Agrario (INA) y dirigente del partido Libertad y Refundación (Libre), se pronunció este lunes sobre las posibles deportaciones masivas de hondureños desde Estados Unidos, anunciadas por el expresidente Donald Trump. En declaraciones a Radio América, Alegría minimizó el impacto de estas medidas al señalar que las redadas se enfocarán en personas con antecedentes penales, mientras defendió la respuesta del gobierno hondureño, aunque sin ofrecer detalles concretos de las acciones que se están tomando.
Las declaraciones del viceministro no abordan de manera específica cómo el gobierno planea gestionar la llegada de posibles deportados ni cómo se enfrentarán los retos económicos y sociales que esta situación podría ocasionar. En un país donde al menos el 20 % de los hogares depende de remesas enviadas desde el extranjero, la preocupación de las organizaciones civiles y los ciudadanos es palpable.
«No podemos agachar la cabeza»: ¿Un discurso suficiente?
Durante la entrevista, Alegría descartó que la diplomacia hondureña haya fracasado en su intento de buscar soluciones a la problemática migratoria. Según el funcionario, las gestiones de cabildeo en Estados Unidos continúan, y destacó que es mejor “hablar de manera seria, objetiva, responsable y realista” con el gobierno estadounidense. Sin embargo, no ofreció detalles sobre resultados concretos ni sobre acuerdos tangibles que respalden esta afirmación.
En un tono que podría interpretarse como evasivo, Alegría señaló que la migración no es un problema exclusivo de Honduras y aseguró que las medidas anunciadas por Trump “no son para morirse ni agachar la cabeza”. Pese a su intento de restar dramatismo a la situación, su discurso dejó más preguntas que respuestas, especialmente en cuanto a las acciones concretas del gobierno para manejar un posible flujo masivo de retornados.
“No hay duda de que si Estados Unidos recorta la ayuda, habrá otros países interesados en ayudarnos”, afirmó el viceministro, sin precisar qué alternativas internacionales se están considerando o cómo Honduras podría sobrevivir económicamente sin el apoyo norteamericano, particularmente en temas de lucha contra el narcotráfico y cooperación militar.
Incertidumbre sobre la reintegración de deportados
Aunque Alegría mencionó que la Cancillería hondureña “está haciendo lo que hay que hacer”, no ofreció detalles sobre ninguna medida en marcha. Tampoco dio indicios de que exista un plan oficial para coordinar la recepción de los deportados ni para abordar las necesidades económicas y sociales que surgirían a raíz de un posible incremento en los retornos.
El funcionario también hizo alusión a una reciente reunión en México, patrocinada por los gobiernos de México y Honduras, para abordar el tema de la migración en la región. Sin embargo, señaló que los acuerdos alcanzados en el evento aún no se han dado a conocer públicamente, dejando en el aire las acciones concretas que podrían derivar de este encuentro internacional.
Alegría reconoció que aún no se ha comunicado públicamente un plan integral para atender a los deportados, pese a que el tema es ampliamente discutido a nivel político y social.
«Definitivamente no se va a poder una solución así de inmediata y total. Me gustaría también que no se han pronunciado si vienen cuantos ciudadanos de regreso, dónde se van a ubicar y qué papel va a jugar la empresa privada. Que dicen que son los empleadores. Bueno, el sector Mipyme, ¿qué están pensando ahora?», cuestionó el viceministro, aludiendo a la complejidad del problema.
Sin embargo, su referencia a la necesidad de que el sector privado participe en la reintegración de los migrantes, sugiriendo que son los “empleadores” quienes deben jugar un papel clave, plantea interrogantes sobre la estrategia del gobierno para abordar esta crisis.
