TEGUCIGALPA. La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, recordó a la justicia hondureña y, especialmente, a los investigadores sobre la matanza de 46 mujeres privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y enfatizó que aún no se han identificado a los autores intelectuales del atroz crimen.
La funcionaria se pronunció a través de un comunicado en el que detalló: «Que nueve mujeres estén siendo enjuiciadas hoy en un caso de alta magnitud no debería considerarse una investigación concluyente y definitiva».
No fue una simple riña entre grupos delictivos contrarios… fue más que eso!
No culpen solo a 9 mujeres privadas de libertad. Es absurdo e inverosímil creer que ellas actuaron solas. Dónde están los autores intelectuales y/o facilitadores de esta crisis penitenciaria de esta… pic.twitter.com/xfMSiTLj9o
— Dra.Semma Julissa Villanueva B. (@villanuevasemma) November 24, 2024
Para Villanueva, la matanza se llevó a cabo a través de “un engranaje criminal de alto alcance, en el que habrían participado otros miembros del crimen organizado en contubernio, por acción u omisión de servidores policiales activos. De investigarse estas estructuras, se tendrían casos robustos en contra del hampa nacional y transnacional», refirió.
«Es inverosímil. Estos hechos jamás debieron haber ocurrido, puesto que ninguna muerte bajo custodia debe ser tolerada sin la respectiva investigación amplia y coherente, indagaciones, y pesquisas imparciales que promuevan justicia y no contribuyan a la famosa impunidad de la que ya estamos acostumbrados y hartos», reclamó la funcionaria.
Villanueva también dijo poseer todas las notas, oficios e informes presentados en cumplimiento de su deber durante el periodo de dos meses en los que estuvo al frente de la Comisión Interventora en Centros Penales.
«La ocurrencia de estos hechos no debe verse solo como un simple antagonismo entre grupos delincuenciales contrarios, sino como una planificación siniestra, en la que debe observarse el correcto accionar de las autoridades, investigar a los servidores públicos policiales por asociación y/o cooperación para facilitar el acceso a armas, municiones y material incendiario», dijo.
Agregó que también hubo manipulación durante y posterior a la escena del crimen, así como retraso y negligencia en la investigación, oscurantismo y omisión que no pueden pasar desapercibidos en el sistema investigativo, ni tampoco aislarse de un caso de esta magnitud en un Estado de Derecho», apuntó la subsecretaria de Seguridad.
La reacción de la funcionaria se dio en relación a que el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada resolvió, en Audiencia Preliminar, dictar el auto de apertura a juicio oral y público para nueve mujeres acusadas del crimen de otras 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en Támara, Francisco Morazán, a partir del 25 al 29 de noviembre del presente año.
