Tegucigalpa. La captura del exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez, continúa siendo un tema de fuerte discusión en la esfera política y social del país. La detención, que se da tras años de especulaciones y debate sobre los responsables del golpe de Estado de 2009, ha generado opiniones encontradas entre los analistas, quienes abordan el hecho desde diversas perspectivas.

Para Carlos Aguilar, exembajador de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la captura de un militar de alto rango como Vásquez Velásquez constituye un «precedente histórico» en el país, pues es la primera vez que un militar involucrado en un golpe de Estado es llevado ante la justicia.

Aguilar subraya que, «los delitos contra la humanidad no prescriben» y que, por tanto, las víctimas del golpe de Estado de 2009, que dejaron un saldo de muertes y sufrimiento para muchas familias hondureñas, deben recibir justicia. El analista destacó que la acción del Ministerio Público debe ser «independiente» y «científica», apuntando a la necesidad de que se garantice el debido proceso a todos los involucrados en el caso.

El ex diplomático también considera que la respuesta a la comunidad internacional es clara: «hay delitos que no prescriben y tarde o temprano la justicia debe actuar», un mensaje contundente que contrasta con la actitud permisiva de otros países de la región, como Nicaragua o Venezuela, en donde la justicia no suele actuar en contra de figuras del poder.

Sin embargo, esta opinión no es compartida por todos.

El analista Olban Valladares expresó su desconfianza ante lo que considera un proceso “inoportuno” e “impolítico”. En sus declaraciones a los noticiarios TSI, Valladares manifestó que el Ministerio Público (MP) ha actuado de manera apresurada, sin ofrecer pruebas claras y sin llevar a cabo una «investigación exhaustiva» que respalde sus acusaciones. Para el analista, el actuar de la Fiscalía «no es profesional» y evidencia la «falta de un dictamen minucioso» que justifique la detención del exmilitar.

De acuerdo a Valladares, el caso se está utilizando “con fines políticos”, sin seguir el debido procedimiento judicial. A pesar de reconocer las realidades políticas del país, Valladares señala que el “debido proceso” no se ha respetado, especialmente en un caso que involucra a múltiples actores políticos y militares. Además, remarcó que la amnistía otorgada en el gobierno de Roberto Micheletti a los actores involucrados en el contragolpe de 2009 «exoneró de responsabilidad a muchos de los implicados», lo que hace que la detención de Vásquez Velásquez sea aún más cuestionable.

El analista también destacó una contradicción en la actuación del sistema judicial hondureño: “Mientras que algunos responsables de la corrupción han sido exonerados con amnistías, ahora se persigue a figuras clave del golpe de Estado”. Esto, a su juicio, genera una percepción de que la justicia está siendo “selectiva” y manipulada por intereses políticos de turno.

Valladares también destacó la importancia de la justicia social y las investigaciones que aún están pendientes de eventos ocurridos en 2009. Asegura que el Ministerio Público debería haberse enfocado en investigar “la cuarta urna”, la sustracción de recursos del Banco Central en carretilla y las “grandes sumas de dinero” que se extraviaron tras el golpe de Estado. Según Valladares, este tipo de investigaciones dejaron “zonas oscuras” y aún hoy siguen sin esclarecerse. En este sentido, considera que «mucha gente salió con dinero del país», sin que hasta la fecha se haya tomado ninguna acción legal seria en su contra.

La socióloga María Milla aportó otra perspectiva a la discusión, sugiriendo que la captura de Vásquez Velásquez podría ser parte de una “estrategia de distracción”. Para Milla, la detención en un momento histórico tan complejo como el que atraviesa el país podría estar “desviando la atención de problemas mucho más urgentes”, como la creciente violencia, la crisis económica y las tensiones con Estados Unidos. Milla hizo un llamado a la reflexión: “Por qué hoy, por qué él, por qué en un momento en que el país tiene otras prioridades”.

La socióloga se preguntó si la detención no podría ser «una cortina de humo», que pretende opacar otros problemas internos y externos, como las dificultades económicas y los problemas diplomáticos que enfrenta el país.

Otro punto que Milla destacó fue la falta de respuestas claras en otros casos de violencia, como los feminicidios y el asesinato de Keila Martínez, una mujer miembro de la Policía Nacional. Según Milla, las “investigaciones más rápidas” no se están llevando a cabo en casos recientes, lo que genera una “ineficiencia del sistema judicial” en su conjunto. La captura de figuras políticas y militares vinculadas al golpe de Estado, en lugar de casos de violencia más actuales, podría interpretarse como un intento de “ocultar las falencias del sistema judicial” y desviar la atención de temas que realmente afectan a la población en el día a día.

En cuanto a la necesidad de justicia, Milla expresó que no se opondría a la detención si existiera una «investigación formal y sólida» que señalara responsabilidades claras. “Si tienen las pruebas, perfecto”, dijo. No obstante, criticó la falta de acción en otros sectores y casos donde el sistema judicial parece no tener la misma urgencia para «buscar justicia».

Las reacciones ante la detención de Romeo Vásquez Velásquez reflejan la polarización de la sociedad hondureña ante los eventos históricos de 2009. Mientras algunos expertos como Carlos Aguilar ven en la captura una oportunidad para «reparar la justicia» y dejar un «precedente histórico», otros como Olban Valladares y María Milla critican la “ineficiencia” del sistema judicial y la “falta de pruebas” que sustenten la acusación. La discusión sigue abierta, con sectores que cuestionan la “oportunidad” y la “motivación política” detrás de esta acción, en un contexto político y social cargado de tensiones y desafíos.

En este escenario Honduras está realmente avanzando hacia una «verdadera justicia» o si, como algunos temen, se trata de un «show político» que distrae a la ciudadanía de los problemas más urgentes.