Tegucigalpa. Un nuevo caso de presunta corrupción está siendo investigado en la Marina Mercante, donde fiscales de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) están revisando 14 contratos otorgados entre 2014 y 2017 en el edificio ubicado en el bulevar Suyapa.

El fiscal Luis Javier Santos, jefe de la UFERCO, explicó estos contratos, vinculados principalmente al abanderamiento de buques y embarcaciones nacionales e internacionales, han sido cuestionados debido a que muchos de estos servicios nunca se prestaron o fueron realizados solo parcialmente.

Una de las principales áreas de la investigación involucra un contrato con una empresa panameña que no otorgó abanderamientos, sino que también se encargó de certificar y capacitar marinos en el extranjero. Este acuerdo ha generado preocupación, ya que, según la legislación hondureña, las funciones de certificación de marinos deben ser realizadas por la Marina Mercante, y no pueden ser delegadas a empresas extranjeras.

«Estamos hablando de 14 contratos otorgados entre 2014 y 2017, los cuales fueron emitidos a diversas empresas tanto hondureñas como extranjeras. Algunos de estos contratos, que varían entre los 900,000 y los 2 millones de lempiras, estaban destinados a la prestación de servicios, pero encontramos que muchos de estos no se ejecutaron o se realizaron de manera incompleta. Este incumplimiento ha causado un perjuicio económico considerable al Estado, detalló.

Santos también mencionó que la documentación relacionada con los contratos ya ha sido revisada por el Tribunal Superior de Cuentas, y que los peritos están trabajando en la determinación de los daños ocasionados al erario público.

Respecto al contrato con la empresa panameña, el fiscal precisó que la ley hondureña prohíbe delegar la certificación de marinos a empresas extranjeras, lo que pone en evidencia posibles irregularidades en la administración de la Marina Mercante.

La investigación sigue su curso, se espera que en las próximas semanas se obtengan más detalles sobre los implicados y el alcance de los daños causados al Estado hondureño.